El organismo de control del presupuesto federal de Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), rechazó las cuentas públicas de 2014 de la presidenta Dilma Rousseff en una decisión histórica, la cual se anticipa será usada por la oposición como base para un iniciar un proceso de juicio político en su contra.
La decisión, anunciada el miércoles por la noche, es el segundo punto en los procesos que pudieran resultar en la destitución de la presidenta.
Esto sucedió un día después de que el organismo de vigilancia electoral brasileño, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzara una investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Rousseff en 2014, lo cual podría poner fin a su presidencia si se le declara culpable bajo la ley brasileña. Rousseff niega cualquier irregularidad en ambos casos.
"Esto sin duda conducirá a un proceso de enjuiciamiento político", declaró Sérgio Praça, un politólogo de FGV en Rio de Janeiro, acerca de la decisión del TCU.
A tan sólo 10 meses del comienzo de su segundo mandato de cuatro años, Rousseff está atrapada en una batalla por su supervivencia política.
Con la economía en camino a una seria recesión como consecuencia del fin del auge de las materias primas, la presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) está tratando de restaurar el equilibrio de las zozobrantes finanzas brasileñas.
Al mismo tiempo, miembros de la coalición de gobierno de Rousseff han sido acusados de conspirar con directores de empresas y contratistas de la operadora petrolera estatal Petrobras para obtener sobornos y comisiones ilegales.
La combinación del alicaído crecimiento económico con el escándalo de la corrupción han llevado la popularidad de Rousseff a alcanzar un mínimo histórico, dejándola vulnerable ante un juicio político.
En una larga sesión durante la noche del miércoles, los magistrados del TCU se felicitaron entre sí por su arduo trabajo y por la independencia demostrada al tomar su decisión.
"El tribunal recomienda al Congreso Nacional el rechazo de las cuentas", expresó el TCU en un comunicado. "Una recomendación de rechazar las cuentas no ha ocurrido desde 1937".
El TCU citó maniobras ilegales por parte del gobierno, tales como contraer deudas con los bancos estatales para pagar gastos como los de ayuda social que deberían haberse incluido en el presupuesto. Estas supuestas "pedaladas", o trucos, le permitieron a Rousseff hacer que el presupuesto pareciera estar en buenas condiciones durante las elecciones del año pasado, dijeron los críticos, cuando en realidad estaba en rumbo a todavía más déficit.
El fallo del TCU ahora irá al Congreso en donde llegará, durante los próximos días, al escritorio del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, un enemigo declarado de la administración de la presidenta Rousseff a pesar de estar afiliado con su principal socio de coalición, el PMDB.
Rousseff ha estado tratando de evitar que Cunha y la oposición consiguieran los votos necesarios en el Congreso para dar inicio al proceso de juicio político reconstruyendo su gabinete con figuras más leales pertenecientes al PMDB.
La posición de la presidenta pareció haber sido reforzada la semana pasada cuando la credibilidad de Cunha fue puesta en duda por noticias de que las autoridades suizas lo estaban investigando por presunto lavado de dinero y por corrupción. Cunha, quien también ha sido mencionado por los testigos del Estado en el caso de Petrobras, ha negado su participación en actividades delictivas.
A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, esta semana Rousseff no logró conseguir el quórum en el Congreso que obligara a la Cámara Baja a pasar vetos presidenciales de medidas presupuestarias introducidas por los legisladores que perjudicarían sus esfuerzos de austeridad. Aunque los vetos probablemente pasarán a la larga, su debilidad en el Congreso a tan poco tiempo de la reorganización del gabinete constituye una mala señal.
"El problema con el gobierno es que no tiene control sobre el Congreso Nacional", declaró Celso de Mello, politólogo de la escuela de negocios Insper.
Aun así, un proceso de juicio político promete ser largo y brutal, y no ofrece garantía alguna de que resultaría en la destitución de Rousseff, señaló Praça de FGV.
Él argumenta que todavía no existe suficiente apoyo para una decisión de enjuiciamiento político contra Rousseff. Tal decisión requeriría el apoyo de dos tercios de la Cámara Baja para poner el proceso en marcha y de dos tercios del Senado para pronunciarse sobre el caso.
Praça opinó que "el resultado podría ser el peor posible, lo cual significaría iniciar el proceso de juicio político y alargarlo durante meses mientras que Dilma se mantiene en el cargo".
También te puede interesar:
El ajedrez puede mejorar la vida de los niños
América Latina elogia la apertura del TPP
Siete cosas que necesitas saber acerca del acuerdo comercial TPP
Financial Times