Cuando Odebrecht, el conglomerado brasileño de empresas de construcción, estaba construyendo la presa de Santo Antônio, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país en el estado amazónico de Rondônia, no dejó nada al azar.
La compañía, que actualmente se encuentra en el centro de la investigación de corrupción más grande en la historia de Brasil, presuntamente sobornó desde políticos, oficiales de la policía y líderes sindicales hasta las autoridades indígenas para eliminar cualquier oposición al proyecto, según testimonio ofrecido por exejecutivos de Odebrecht a la Suprema Corte.
Los dirigentes indígenas tenían su propio nombre en clave, "tribu", en el sistema de software utilizado por Odebrecht para llevar un registro de todos los sobornos y comisiones clandestinas que se pagaron en relación a cientos de proyectos a través de Brasil. "Se hicieron pagos regulares a los dirigentes indígenas a través de depósitos en sus cuentas bancarias", afirmó Henrique Serrano do Prado Valladares, un exejecutivo de Odebrecht, en su testimonio, el cual fue ofrecido a cambio de una promesa de indulgencia.
Lo que comenzó como una investigación de corrupción de la compañía petrolera estatal Petrobras — operación Lava Jato — ahora se ha expandido para incluir a Odebrecht, uno de los principales contratistas. El alcance del soborno realizado por Odebrecht en relación a la presa Santo Antônio y otros proyectos han sido presentado en detalle en una serie de acuerdos de culpabilidad de 77 exejecutivos recientemente presentados ante la Suprema Corte.
Éstos han proporcionado la evidencia más detallada hasta el momento de cuán lejos ha llegado la corrupción en la sociedad brasileña. El canal televisivo Globo News describió a los testimonios como un "seminario de corrupción" de 900 horas.
La Corte Suprema ha autorizado investigaciones de 74 casos que involucran a políticos activos y remitió cerca de 200 casos adicionales a tribunales inferiores, incluyendo los casos de tres expresidentes. Michel Temer, el presidente actual, ha sido implicado en los acuerdos de culpabilidad pero Temer niega vehementemente las acusaciones. Los analistas temen que los alegatos de corrupción podrían socavar su habilidad para revivir una economía sacudida por una recesión con sus reformas presupuestarias, incluyendo una renovación del sistema de pensiones.
Las revelaciones de Odebrecht también plantean serios interrogantes sobre la efectividad de la investigación Lava Jato para controlar la corrupción a largo plazo. "La línea divisoria entre el sector privado y el Estado siempre ha sido difusa", dijo Carlos Melo, un politólogo en la Universidad Insper de São Paulo.
En sus testimonios, los exejecutivos de Odebrecht mostraron no sólo que ellos realizaron pagos rutinarios a cualquiera que obstaculizara sus proyectos, sino que la práctica era tan normal que comenzaron a considerarla como una broma.
Los presuntos recipientes regulares de los sobornos, desde presidentes hasta funcionarios menores, fueron asignados apodos cómicos en las planillas utilizadas para llevar un registro de los pagos. El sistema de software era operado por un departamento de Odebrecht conocido como la sección de "operaciones estructuradas".
Por ejemplo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, era conocido simplemente como "amigo". Otro exsenador del partido de Trabajadores del Sr. Lula da Silva era conocido como "Ferrari".
En el lenguaje de Odebrecht, Internacional era la clave para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, al cual pertenecía Maia en ese momento quien niega haber recibido pagos ilegales.
Los analistas afirman que en un país en el que la corrupción ha formado un sistema paralelo fuera del alcance de las reglas, será difícil implementar una reforma sistemática. Hay señales ominosas de que la corrupción en Brasil se extendió mucho más allá de Odebrecht y Petrobras.
Un escándalo reciente sobre el pago de sobornos a inspectores sanitarios en plantas procesadoras de carne en Brasil señala el profundo alcance de la corrupción, afirma Melo de Insper.
Él señaló el hecho de que Brasil ha pasado por un gran escándalo político a nivel federal — generalmente relacionado con el financiamiento de campañas y la compra de votos — cada década, y ha habido escándalos similares a nivel estatal y municipal.
La implementación de una reforma electoral tal vez ayudaría a resolver el problema. Pero las autoridades regulatorias han mostrado una inhabilidad para monitorear la corrupción día a día, a nivel político y en el sector de administración pública.
Una explicación, según Melo, es que Brasil sigue siendo una democracia "joven" que aún no ha institucionalizado su sistema de pesos y contrapesos para eliminar la corrupción.
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Financial Times