La legislación propuesta por el gobierno del Reino Unido sobre su prevista salida de la Unión Europea (UE) contiene una extraordinaria declaración: "Si bien el Parlamento ha permanecido soberano a través de nuestra membresía de la UE, no siempre se ha sentido así". El gobierno tiene razón, tal y como yo sostuve durante la campaña del referéndum: el parlamento británico siempre ha sido soberano, como lo demuestra su capacidad para desencadenar el Brexit. ¿Qué país sensato cortaría los lazos con sus socios comerciales más importantes y con su posición estratégica en los consejos de su continente por un sentimiento que su propio gobierno acepta es erróneo?
Sin embargo, esto es lo que busca el gobierno. Con toda razón, el gobierno quiere un divorcio amistoso: "Queremos seguir comerciando con la UE lo más libremente posible; cooperar para mantener seguros a nuestros países; promover los valores que comparten el Reino Unido y la UE, incluyendo el respeto de los derechos humanos y de la dignidad, de la democracia y del Estado de derecho, tanto en Europa como en el resto del mundo; apoyar una fuerte voz europea en el escenario mundial; y continuar fomentando los viajes entre el Reino Unido y la UE". Sin embargo, el gobierno, impulsado por su deseo de controlar la inmigración y de liberarse del Tribunal de Justicia Europeo, ambas premisas presumiendo ser un reflejo de la "voluntad del pueblo", planea abandonar el mercado único y la unión aduanera.
¿Es probable que pueda llegar a un acuerdo? Además, ¿cuál pudiera ser el resultado? Al tratar de llegar a cualquier acuerdo, el Reino Unido tiene que hacer frente a cinco retos de enormes proporciones.
El primero es la falta de tiempo. El artículo 50 establece que: "Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación ... salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo". Las posibilidades de asegurar una extensión son escasas. Por lo tanto, el límite es de dos años. De hecho, es de menos. Las empresas ciertamente necesitarán claridad más de un año antes del final. Como resultado, el apalancamiento del Reino Unido disminuirá rápidamente.
El segundo reto son los intereses divergentes. Como lo señaló el gran general prusiano Helmuth von Moltke, ningún plan de batalla sobrevive el contacto con el enemigo. Esto ciertamente se aplicará a los planes del Reino Unido, ya que está negociando con la Comisión Europea, con 27 países y con el Parlamento Europeo, todos los cuales tendrán diferentes líneas rojas. Su necesidad de llegar a un acuerdo es menos urgente que la del Reino Unido. Muchos querrán mostrar que la salida es costosa. Muchos sentirán que cuanto más se prolonguen las conversaciones, mayores serán las posibilidades de que los negocios del Reino Unido los terminen beneficiando.
El tercer reto son las prioridades negociadoras divergentes. La comisión, la cual es la principal entidad negociadora, quiere empezar con los términos del divorcio antes de comenzar las conversaciones sobre un marco futuro y sobre la transición hacia él. El Reino Unido cree que no se acuerda nada hasta que todo esté acordado. Razonablemente, no aceptará el divorcio a menos que se acuerden también los esquemas de un arreglo posterior y de la transición hacia él. Es probable que el desacuerdo acerca de cómo negociar los términos detenga el progreso rápidamente.
El cuarto reto es el dinero. Esto siempre ha sido un punto difícil para el Reino Unido. Pero la comisión calcula que el Reino Unido debe 60 mil millones de euros. Como lo indica una publicación del Centro para la Reforma Europea (CER, por sus siglas en inglés), esta suma "está muy lejos de ser la recompensa de 350 millones de euros a la semana que prometieron los activistas del Brexit durante la campaña del referéndum". Esta demanda pudiera ser el obstáculo decisivo.
El quinto es la complejidad. Además de la emisión de dinero, el divorcio cubrirá los compromisos pendientes (como los de investigación científica), los derechos de los ciudadanos y las cuestiones administrativas (casos de competencia pendientes, por ejemplo). Londres también ha decidido seguir el acuerdo comercial pos-Brexit más complejo posible: un tratado de libre comercio (TLC) a la medida, con la posible adición de uniones aduaneras sectoriales y de "equivalencia optimizada" para las finanzas, las cuales son ilegales bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La consiguiente complejidad pudiera resultar abrumadora.
En definitiva, las probabilidades de que no se llegue a un acuerdo a tiempo deben ser altas. De hecho, el artículo 50 fue presuntamente concebido para ser inviable. Pero supongamos que se pudiera llegar a un acuerdo en línea con los deseos del gobierno del Reino Unido. ¿Qué significaría ese acuerdo para el Reino Unido, particularmente en materia de comercio?
Dos puntos son cruciales. En primer lugar, el trabajo empírico demuestra lo que el Dr. Angus Armstrong — director de macroeconomía del Instituto Nacional de Investigación Social y Económica (NIESR, por sus siglas en inglés) — llama la ley de hierro de los modelos comerciales: "El comercio entre dos países se reduce a la mitad a medida que la distancia entre ellos se duplica". En segundo lugar, los aranceles son barreras mucho menos significativas para el comercio que las regulaciones. Esto es claramente cierto en el caso de los servicios, pero también lo es en el de la industria manufacturera.
Es por eso que un cuidadoso estudio empírico indica que pasar de la pertenencia al Espacio Económico Europeo (EEE) a un mero TLC podría conducir a una enorme reducción del comercio afectado. En total, el comercio del Reino Unido pudiera reducirse hasta en un cuarto tanto en servicios como en bienes. Debido a la distancia y a las barreras regulatorias, los acuerdos con EEUU, con otros "países de la angloesfera", y con los principales países emergentes no compensarían esto: según la Dra. Monique Ebell, también del NIESR, estos tratados podrían aumentar el comercio global del Reino Unido en tan sólo un 5 por ciento. Esto se debe a que los países se encuentran distantes y a que es probable que las barreras regulatorias sigan siendo altas. Además, si se redujeran las normas, surgirían cuestiones complejas de armonización y de compatibilidad de los regímenes.
El Reino Unido se ha comprometido a convertirse en la "Gran Bretaña mundial". Llegar allí exitosamente representará un enorme reto. Es cierto que el efecto económico a corto plazo ha sido mucho menor de lo que muchos anticiparon. Pero la salida aún no ha comenzado. En su prefacio al libro blanco, Theresa May afirmó que el Reino Unido se está uniendo. La primera ministra tiene razón en que la mayoría de los que apoyaron permanecer en la UE esperan que su forma del Brexit funcione: éste también es nuestro país. Sin embargo, la mayoría de nosotros todavía cree que el camino al que se ha lanzado el Reino Unido está profundamente en contra de sus intereses. Debemos esperar que estemos equivocados.
Financial Times