"¡Aquí nadie sabe hacer cuentas!" exclamó desesperado Alberto Youssef durante una conversación telefónica llena de improperios intervenida por los fiscales brasileños hace tres años. Youssef — ya declarado culpable de ayudar a transferir 444 millones de dólares a cuentas bancarias en el extranjero a través de miles de transacciones separadas — es un lavador de dinero convertido en delator en el llamado 'Petrolão' de Brasil, el creciente escándalo de corrupción que ha afectado a los más altos niveles gubernamentales.
El escándalo, que implicó el uso de miles de millones de dólares extraídos de los contratos de construcción de Petrobras — la empresa de energía controlada por el Estado — para servir como sobornos para los políticos, ha llenado las calles de Brasil con manifestantes y ha dado lugar a las peticiones de un juicio político contra Dilma Rousseff, la presidenta más impopular en la historia de Brasil.
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El trabajo de Youssef era, básicamente, 'motivar' a los ejecutivos empresariales para obtener sobornos y calmar la avaricia de los políticos, la mayoría de ellos en el Partido de los Trabajadores gobernante. La codicia de los políticos era increíble. Se trataba de la época del auge de Brasil, cuando los precios de las materias primas eran altos y muchos brasileños creían que el horizonte optimista de su "país del futuro" había llegado. La vida para algunos era muy placentera: se robaron más de 2 mil millones de dólares en sobornos.
Pero el optimismo — y los brasileños son famosamente optimistas — no es más que pesimismo carente de información adicional, y gran parte de esa información ya ha sido revelada. Decenas de altos ejecutivos empresariales han sido encarcelados por su papel en el 'Petrolão' y más de 30 políticos están siendo investigados por corrupción. El auge también llegó a su fin, y resulta que gran parte de las ganancias inesperadas de las materias primas fue malgastada en nuevos centros comerciales en lugar de en servicios sociales. La ira que sienten los brasileños proviene de un sentimiento de que les han robado su futuro. La economía ha caído en la peor recesión desde la Gran Depresión. El "momento de gloria" de Brasil llegó a su final.
De acuerdo a algunos, se ha trasladado a México, en muchos sentidos el opuesto de Brasil. Mientras que la economía de Brasil ha sido doblegada por la corrupción, el proteccionismo y el apego de Rousseff al intervencionismo, la ya liberal economía mexicana se está liberalizando aún más, y su protegido sector petrolero le ha abierto las puertas a la inversión extranjera. La economía de Brasil, regida por las materias primas, está ligada a China, una economía en desaceleración; los fabricantes de bajo costo de México están vinculados a EU, una economía en recuperación. El presidente Enrique Peña Nieto ha proclamado una nueva era.
A diferencia de los brasileños, sin embargo, la mayoría de los mexicanos no se han creído el cuento de la "nueva era". La impunidad legal está desenfrenada. Mientras que México está muy por encima de Brasil en lo que se refiere a la facilidad de hacer negocios según la encuesta del Banco Mundial (en la posición 39, por delante de Chile e Israel, en comparación con la posición 120 de Brasil), lo contrario es cierto en relación con el estado de derecho. México, por ejemplo, ocupa el lugar 103 en el índice de percepciones de corrupción de Transparency International, peor que China, mientras que Brasil, en la posición 69, está al mismo nivel que Italia y Grecia.
Brasil — con sus relativamente fuertes instituciones legales y su innata creencia en la libertad de expresión — parece entender que se tienen que combatir el problema de la corrupción. México — con instituciones más débiles y una democracia más joven — no lo entiende. Sería ingenuo creer que la investigación de corrupción en Petrobras va a cambiar fundamentalmente la vida política y empresarial en Brasil. Pero, por lo menos, el haber 'derribado' figuras que eran anteriormente intocables representa la posibilidad de una nueva dirección. En México, en cambio, no se encarcela a ningún personaje importante, lo cual lleva a sentir que la corrupción está fuera de control.
Si México arreglara su estado de derecho, las entradas de inversión extranjera directa pudieran elevarse a la de los niveles brasileños — aproximadamente US$13 mil millones adicionales anualmente. Al nivel más elemental, el gobierno mexicano sólo necesita hacer bien las cuentas.
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