En una maniobra que podría tener repercusiones económicas significativas, un grupo de 12 países de las Américas se negó el martes a reconocer la Asamblea Constituyente de Venezuela o cualquier ley que pase con respecto a empresas petroleras conjuntas o emisiones de deuda.
La declaración hecha por los cancilleres de Canadá y de varios países latinoamericanos es el último indicio del creciente aislamiento de Caracas. Ocurrió el mismo día en que la ONU fustigó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de 73 manifestantes de la oposición.
Maduro convocó la asamblea constituyente en lo que él alega fue un esfuerzo por resolver las múltiples crisis del país, pero los críticos insisten que fue una toma de poder. Desde su instalación el viernes, la asamblea ha asumido el control de la Asamblea Nacional -dominada por la oposición y elegida democráticamente-, ha expulsado a la fiscal general, ha establecido una "comisión de la verdad", y ha pasado decretos que prometen "apoyo y solidaridad" al impopular presidente.
"Hay dos puntos que se deben enfatizar", dijo el canciller mexicano Luis Videgaray desde Lima, donde se realizó la reunión de cancilleres. "El primero es nuestro total apoyo a la Asamblea Nacional. El segundo es que no reconocemos las resoluciones de la asamblea constituyente, sólo reconoceremos las que, conforme a la constitución venezolana, requieran la aprobación de la Asamblea Nacional."
Bajo la constitución vigente, se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para todas las cuestiones de deuda y empresas conjuntas de energía, incluso las que Caracas espera firmar con la empresa energética estatal rusa Rosneft.
La denominada declaración de Lima, que "condena la ruptura del orden democrático de Venezuela", fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que son partidarios de Maduro, no asistieron y en vez se incorporaron a una reunión rival que se sostuvo en Caracas, donde el ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la elección del 30 de julio de la asamblea constituyente de Maduro había sido "una lección de democracia". La votación ha estado plagada de alegaciones de fraude, incluso de la empresa que proporcionó las máquinas electrónicas de votación.
EU tampoco asistió a la reunión de Lima, en lo que pareció un intento de asumir una posición secundaria y dejar que los países latinoamericanos tomaran la delantera en negociar con Venezuela.
Washington ya ha impuesto una serie de sanciones específicas, dirigidas contra funcionarios del régimen, incluyendo a Maduro, y según informes, está presionando a países europeos y latinoamericanos a que sigan su ejemplo.
La profundización de la crisis política venezolana y la amenaza de adicionales sanciones estadounidenses, como una prohibición de la importación del petróleo venezolano, han empeorado la crisis en el país. Repsol, la empresa energética española, ha retirado a sus trabajadores extranjeros de Venezuela, como ha hecho Statoil de Noruega. Chevron de EU y Total de Francia también han quitado algunos de sus empleados.
Desde la disputada elección, las fuerzas de seguridad venezolanas han incrementado su presencia pública y el comisionado de derechos humanos de la ONU ha advertido sobre el "amplio y sistemático uso" de fuerza excesiva, detención arbitraria y otras violaciones de derechos.
Maduro ha enfrentado cuatro meses de manifestaciones callejeras de oposición y algunas señales de fractura dentro de las fuerzas armadas. El domingo, soldados rebeldes que Maduro clasificó de mercenarios, atacaron una base del ejército en la ciudad regional de Valencia, pero fueron derrotados, según el gobierno.
Financial Times