:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/F7DMLRWBGACABQIQP2N54TYSNE.jpg)
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que encabeza Óscar Montes de Oca Rosales, dio a conocer que se ejercerá acción penal en contra de 11 mandos y elementos policíacos por delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo tras los hechos del pasado 9 de noviembre, durante una manifestación de agrupaciones feministas y simpatizantes tras el feminicidio de Bianca 'Alexis'.
Ahondó que, en el expediente, se encuentran relacionados en calidad de víctimas dos periodistas de la entidad, quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como ocho personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo, que también participaron en la manifestación.
Explico que, de la investigación, se desprendió que participaron al menos 78 policías municipales, según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones.
El fiscal del estado afirmó que la representación social, hasta este momento, practicó diversos actos de investigación, entre ellos: 10 entrevistas a las víctimas, a quienes se les otorgaron medidas de protección, así como a 78 elementos policíacos. Además, se practicaron 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación, y se revisaron 60 armas de fuego.
Montes de Oca Rosales reveló que se concluyó que nueve mandos de la policía municipal incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, lo que era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
Esto porque dichos elementos pusieron en riesgo a los asistentes de la manifestación al permitir que personal bajo su mando acudiera con armas de fuego al lugar de los hechos, además de que no evitaron el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública.
Los policías también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la policía que accionaron sus armas de fuego, en contra de los ahora lesionados. Dijo también se formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir que se alterara la escena de los hechos y se destruyeran, ocultaran y desaparecieran elementos probatorios.
El fiscal dijo que se ejercitó acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellos nueve mandos y dos elementos policíacos, quienes al momento de los hechos desempeñaban los cargos de de secretario, subsecretario, director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos, todos ellos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez.
En los próximos días se llevará a cabo la audiencia inicial ante un Juez de Control para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares.
Tras los hechos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que el director de la Policía de Cancún, Eduardo Santamaría, fue destituido del mando por supuestamente ordenar las detonaciones.
En tanto que Alberto Capella, quien era secretario de Seguridad de Quintana Roo, dejó su cargo el 10 de noviembre, según informó el gobernador local.
También renunció a su puesto Issac Janix, secretario de Gobierno del municipio de Benito Juárez, horas después de la represión policíaca contra las manifestantes. El funcionario afirmó que las autoridades no tomaron las medidas necesarias ante la protesta.