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Determina la SCJN destitución de seis magistrados en Morelos

En sesión, los ministros invalidaron el artículo tercero transitorio que ampliaba, por única ocasión, el periodo de nombramiento de 14 a 20 años de antigüedad a magistrados locales.

Cuernavaca, Mor.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el cese de seis magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos que habrían reformado la constitución local para perpetuarse en el poder por lo menos 20 años durante la administración del perredista Graco Ramírez.

Ayer, en sesión, los ministros invalidaron el artículo tercero transitorio que ampliaba, por única ocasión, el periodo de nombramiento de 14 a 20 años de antigüedad a magistrados locales; hoy ratificaron que seis tienen que dejar el cargo pues su período constitucional concluyó. Este acuerdo, que fue parte de una componenda política entre el exgobernador Graco Ramírez y la expresidenta del TSJ, Carmen Cuevas quedó invalidado.

Los magistrados que deben dejar el escaño son el también expresidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Cuevas López y José Valentín García.

La medida también alcanza a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz.

De hecho, la exmagistrada presidenta María del Carmen Cuevas López, actualmente enfrenta una denuncia del Congreso del Estado por supuesta suplantación de identidad y modificación de documentos oficiales para poder postergarse en el puesto.

Al respecto, la magistrada Nadia Luz Lara señaló que ella desde un inicio denunció este acto inconstitucional ya que se debía de un favor que Graco Ramírez hizo a los magistrados por actuar a su favor.

"No quisiera decir ¡se los dije! Pero si, se los dije entonces, esa reforma es inconstitucional, me tacharon de malagradecida, me lincharon al interior, pero hoy la SCJN lo determinó, los 20 años han quedado invalidados. Abajo los acuerdos en lo oscurito entre (María del Carmen) Cuevas López y Graco (Ramírez)", señaló.

La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en 2017 por el entonces presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHM), Jorge Arturo Olivares Brito ya que el decreto violentaba el derecho del gremio de abogados y jueces al escalafón.

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