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Fue ratificada de manera formal la denuncia en la Fiscalía de Jalisco por la desaparición de una regidora de la fracción edilicia de Morena en Cihuatlán.
María Guadalupe Becerra Barragán cobró notoriedad por hacer recurrentes reportes de irregularidades en la administración municipal desde su inicio hace dos años, pero fue desplazada de la localidad por amenazas y hostigamientos del alcalde Fernando Martínez Guerrero, de extracción del partido Movimiento Ciudadano; su secretario general, Fernando Medina Flores; y sus allegados, a quienes denunció por violencia política en el plano federal, ya que la Fiscalía estatal se negó a recibirle denuncias por compras del ayuntamiento a sobreprecio.
En su momento, la edil dio a conocer que el secretario general es familiar directo de Raúl Flores Hernández alias 'El Tío', señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero a través de diferentes personajes, como el cantante Julión Álvarez y el exfutbolista Rafael Márquez.
El capo trabaja presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, y ha ganado juicios para no ser extraditado, y sus allegados son quienes presuntamente hostigaron a la regidora según un video fechado en enero de este año, que hizo circular el partido Morena.
"La amenaza fue muy clara y directa; el presidente municipal y el secretario municipal del ayuntamiento fueron quienes me los mandaron. Hice las denuncias ante la fiscalía; logramos identificar a dos personas de las tres que fueron, entonces dimos nombres, apellidos, investigamos, obviamente ya estando fuera... en la Fiscalía estatal no nos querían recibir la denuncia; a mi abogado lo levantaron", expuso la edil.
El 22 de marzo pasado, inició un juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales, en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), por los malos manejos del alcalde de Cihuatlán, y de su secretario general, quienes le retuvieron su pago de nómina, así como por amenazas de muerte, intimidaciones e intolerancia.
El caso llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que emitió un resolutivo que insta al gobernador Enrique Alfaro; su secretario de Gobierno, Enrique Ibarra; al fiscal del estado, Gerardo Solís; así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para realizar los 'actos jurídicos y materiales' a fin que la regidora se reincorpore a su cargo, y se garantice su seguridad y la de sus familiares.
A las Fiscalías Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como a la Fiscalía General del estado de Jalisco, les requirió investigar y sancionar al alcalde y su secretario por la configuración de 'actos constitutivos de violencia política basada en elementos de género'.
Al ayuntamiento le ordenó pagar todos los sueldos y prestaciones atrasados a la regidora a partir de la segunda quincena de noviembre, cuando fue desplazada del municipio.
Presuntamente todas las determinaciones fueron desatendidas por el poder ejecutivo, según ha dado a conocer el instituto político.
De acuerdo con información de Morena en Jalisco, la regidora fue vista con vida por última vez el pasado 10 de septiembre, y es que desde su desplazamiento había permanecido resguardada en un punto que solo era conocido por su partido y la Secretaría de Gobernación federal, en atención a un protocolo para garantizar su seguridad.