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Señalan a Corral por desistir en extinción de dominio a bienes asegurados a gobierno duartista

A la fecha no existe acuerdo por parte de la FGR para que acepte la competencia sobre este caso.

La administración de Javier Corral fue señalada por desistir del procedimiento de extinción de dominio sobre los bienes asegurados a exfuncionarios, pues se les siguió causa penal por diversos delitos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”

Lo anterior a partir del 2 de septiembre pasado, fecha en que concluyó el mandato estatal de Javier Corral.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado, el 3 de septiembre pasado fue declinada la competencia en favor de la Federación por la causa penal por enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de la relación con los que se investigan en una carpeta federal.

Sin embargo, a la fecha no existe acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República para que acepte la competencia sobre este caso.

Esto fue dado a conocer luego de una revisión de documentación que se hizo durante el procedimiento de entrega-recepción.

Para el 10 de septiembre, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento de diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración 2010-2016, fecha en que ocupó el cargo César Duarte Jáquez.

Este desistimiento se realizó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio, establece que procederá cuando existan bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito.

Durante el desarrollo del juicio civil, el máximo tribunal del país estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previo al desempeño del cargo, del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito; en consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se demuestra, de acuerdo con los recientes señalamientos por parte de algunos políticos, el mal manejo que se ha realizado dentro de los expedientes antes mencionados.

Además, la Fiscalía aclaró que, al desistirse del aseguramiento, quedan a salvo los derechos para actuar contra los bienes de los exfuncionarios.

Respecto a las carpetas de investigación en la vía penal, se señaló que seguirá trabajando para que se cumpla todo con el debido proceso.