Tras la adjudicación del proyecto de la Red Compartida al consorcio ALTÁN, Rivada buscará frenar la firma formal del contrato de la Asociación Público-Privada (APP) del grupo ganador, el siguiente paso en el concurso tras el fallo.
El consorcio Rivada fue descalificado en la fase de la presentación de las ofertas técnicas, al incumplir el pago de garantía de seriedad por mil millones de pesos, tras lo cual tramitó un amparo que ahora está en manos de un tribunal colegiado en materia administrativa.
"Estamos en derecho de solicitar la suspensión, no contra el fallo pero sí contra sus efectos y consecuencias. Según la bases, hay todavía una serie de actos para la formalización del contrato y por supuesto esos efectos pueden ser materia en el juicio de amparo", afirmó Julián Domínguez Arroyo, apoderado legal del consorcio Rivada.
Esto, luego de la ceremonia del fallo a la que la SCT le impidió el acceso bajo el argumento de que no estaban acreditados como participantes.
Domínguez Arroyo precisó que el grupo está evaluando la viabilidad de plantear la suspensión a fin de obtener los mejores resultados.
Respecto al amparo promovido tras ser eliminando del concurso, el apoderado legal de Rivada señaló que este jueves fue admitido por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, quien tendrá que resolver el conflicto para que se pronuncie sobre la admisión.
Ello dará tiempo a Rivada para que robustezca su demanda inicial después de ser impedido a asistir al fallo.
Parte del reclamo de Rivada está relacionado con que no se haya atendido la prórroga para presentar la garantía de seriedad, que en opinión del consorcio, no era una deficiencia sustancial que afectara la validez de la propuesta.
Julián Domínguez aseguró que la propuesta de cobertura de Rivada es superior al 92.2 por ciento ofrecido por ALTÁN.
"La cobertura de ALTÁN y el hecho de que no se haya conocido nuestras propuesta, que es superior a ella, tendremos que evaluarlo en tribunales, y sin duda alguna, será un elemento importante para el litigio", agregó.
El apoderado legal estima un lapso de hasta 6 meses para la resolución de más acciones legales.
La SCT adjudicó esta mañana al consorcio ALTÁN el proyecto de la Red Compartida.
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