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Profepa revelará el número de quejas contra GMéxico por derrame

El IFAI ordenó a la Profepa entregar información correspondiente al número de denuncias interpuestas en contra de Grupo México por el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que afectó los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregar información correspondiente al número, procedimiento y fecha de las denuncias interpuestas en contra de Grupo México por el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.

El comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que la transparencia en las industrias extractivas es uno de los temas prioritarios y pendientes en el país.

Apuntó que además de los impactos ambientales y la baja contribución al erario nacional, la gobernanza del sector contempla pocos o nulos espacios para la participación ciudadana, por lo que los sujetos obligados deben ser sensibles a solucionar estos problemas.


"Se debe fortalecer la transparencia en el sector para que la sociedad conozca si las decisiones tomadas efectivamente responden a las necesidades de desarrollo económico regional y nacional, así como si tales decisiones garantizan y defienden la reparación de daños ambientales y los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a las zonas de explotación", comentó el comisionado Salas.

Por lo anterior, el Pleno del IFAI también pidió a la Profepa realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades que puedan contar con la información sobre el derrame en la mina Buenavista del Cobre.

El derrame tóxico en la mina concesionada a la empresa Grupo México, fue calificado por la Profepa como el peor desastre ambiental en la historia moderna del país.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los daños ambientales podrían recuperarse parcialmente en un periodo de 6 a 10 años. Grupo México debió constituir un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para subsanar los daños.

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