:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/PJUXYP3E67N3ALOOJLOGU2B72U.jpg)
El colectivo #NoMásDerroches, organización civil y empresarial que impulsa una serie de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, está preocupado por la presión que el gobierno pueda ejercer sobre el juez quinto de distrito en materia administrativa, el cual podría anular las suspensiones definitivas para iniciar el proyecto en la base aérea número 1.
"Nos preocupa que el juez de distrito vaya a tomar las declaraciones del Presidente como una presión, por eso queremos que el juez se sienta respaldado por la sociedad mexicana; no nos consta ninguna presión, pero nos preocupa que el juez se vaya a sentir presionado", dijo en entrevista Gerardo Carrasco, abogado del colectivo.
La resolución del juez quinto de materia administrativa será determinante porque si decide anular una de las suspensiones contra el inicio de la obra aeroportuaria considerando que este proyecto es de interés nacional, entonces el resto de resoluciones serían anuladas.
"(Si anula la resolución), esperaríamos que eche para atrás el resto de suspensiones y ya no habría impedimento legal para que inicie la construcción, pero de todas formas, esa medida sería impugnada por nosotros a través de un recurso de revisión", detalló el integrante del colectivo #NoMásDerroches.
Después de aplazar en un par de ocasiones la sentencia, se espera que el juez federal emita su sentencia hoy en punto de las 10:00 horas; sin embargo, el veredicto podría suspenderse toda vez que el gobierno promovió un recurso de queja que deberá resolver el Tribunal Colegiado.
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir un puerto aéreo en Santa Lucía y cancelar la obra en Texcoco, cumplirá un año el próximo 28 de octubre.
Después de diez meses en el poder, el Jefe del Ejecutivo no ha podido iniciar la construcción del aeropuerto 'Felipe Ángeles'.
Por ahora, la estrategia del gobierno, de acuerdo con Carrasco, es 'tumbar' a toda costa los impedimentos legales para comenzar inmediatamente el aeropuerto en Santa Lucía, el cual tiene un retraso de doce meses y del cual no se han presentado los estudios de aeronavegabilidad.