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Obra pública es inseparable del apego a la ley: Ruiz Esparza

El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que los principios de transparencia y rendición de cuentas son ejes rectores de los programas de la dependencia a su cargo.

La construcción de obra pública es inseparable del ejercicio transparente y del estricto apego a la legalidad en el uso de los recursos públicos, afirmó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Durante la entrega de la ampliación y modernización del Periférico Pablo García y Montilla en Campeche, el funcionario aseguró que los principios de transparencia y rendición de cuentas son ejes rectores de los programas de la dependencia a su cargo.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, refirió que al inicio de la actual administración, la SCT implementó por primera vez un portal de transparencia que contiene toda la información sobre las principales licitaciones, obras y contratos realizados por la secretaría.

Precisó que en apoyo a la apertura de la información pública se han abierto dos mil 636 expedientes que estaban cerrados a la información pública al inicio de esta administración y hoy son totalmente accesibles a la información pública.

Según el secretario de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha calificado a la SCT con el 100 por ciento en sus obligaciones de transparencia, calidad y tiempo de respuesta.

Dijo que en las licitaciones relevantes participan testigos sociales de alto prestigio y capacidad técnica profesional designados por la Secretaría de la Función Pública.

Además, añadió, recientemente se inició la práctica de transmitir en vivo, por internet, los fallos de las licitaciones, en las que participan notarios públicos para certificar el contenido de las propuestas que presentan las empresas participantes.

Indicó que estas prácticas de transparencia y rendición de cuentas se complementan con el trascendente convenio suscrito con la Cámara Mexicana de la Construcción, el cual establece un protocolo que regula el contacto entre servidores públicos y las empresas participantes en los procesos licitatorios.

Además, añadió, entre otras medidas, también contempla la firma de declaraciones de integridad, y apego a la legalidad bajo protesta de decir verdad de servidores públicos y de los propios representantes de las empresas.

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