OAXACA.- El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), Orlando Rodríguez García, indicó que la entidad oaxaqueña no es ajena a la falta de pago a proveedores por parte del Gobierno del Estado, ya que actualmente existen adeudos a empresas locales de hasta un año y medio.
Pese a que el secretario de finanzas del gobierno local, Enrique Arnaud Viñas, ha negado algún tipo de adeudo, el representante de la Canacintra aseguró que la mayoría de las 150 empresas adheridas a la misma padecen de serias dificultades económicas, debido a que la práctica antes descrita se ha convertido en un círculo vicioso por parte de la administración pública y el gremio empresarial.
Rodríguez García indicó que si bien no cuenta con un monto aproximado del adeudo, las dependencias estatales que más lo registran son las de Salud, Seguridad Pública e Infraestructura, las cuales dijo al tener mayor movimiento, recurren mayoritariamente a los servicios que prestan las empresas adheridas a la Canacintra y que van desde maquilladoras de ropa, embotelladoras de bebidas, distribuidoras de abarrotes, equipo de cómputo, artes gráficas y talleres mecánicos, principalmente.
De igual forma detalló que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas, utiliza el argumento de falta de presupuesto para tener en la zozobra al gremio empresarial, argumento que dijo es poco válido si se toma en cuenta que la contratación de un servicio o adquisición de productos pasa por un recurso debidamente etiquetado.
"Los empresarios cumplimos con toda la documentación que solicita el Gobierno del Estado, se entrega el producto, de lo contrario nos hacemos acreedores a sanciones o multas especificadas en los contratos, donde también se estipulan los programas financieros para hacer los pagos, los cuales no se cumplen", dijo.
Finalmente Rodríguez García puso de manifiesto que la demanda de trabajo que se le hacía anteriormente al gobierno del estado resulta riesgosa actualmente, ya que a cambio de ser proveedoras, las empresas tienen que enfrentarse a periodos de seis meses, un año y un año y medio sin recibir el pago de sus servicios o productos vendidos, situación que dijo, genera inestabilidad económica y social en la entidad.
"Oaxaca vive una tercera crisis, toda vez que se encuentra inmersa a la que de por sí se vive a nivel mundial y nacional; y que se unen a la local, derivada de la fuerte conflictividad social que poco contribuye en la paz social, por lo que nuestra demanda de pago será permanente", dijo.
LO MISMO PASA EN JALISCO
Por su parte el director de la Coparmex en Guadalajara, Francis Bujaidar Ghoraichi, dijo que el empresariado que le vende al gobierno enfrenta no sólo retrasos en pagos, sino problemas de facturas incobrables por cambio de partido político en la administración.
En Jalisco hay proveedores que llevan meses y algunos hasta más de un año intentando sanear las cuentas pendientes del gobierno estatal y municipios, indicó.
"Algunos llevan más de un año y son montos importantes que se suman. A lo mejor pueden ser proveedores importantes y otros pequeños pero si multiplicas el número de proveedores por las cantidades de adeudos se pueden hacer contingencias importantes", dijo.
Lo peor es que varios ofrecieron precios "muy sacrificados" para poder ganar licitaciones, tratando de ofrecer la cotización más baja posible al gobierno y "el costo financiero a través del tiempo se está convirtiendo en pérdidas".
"Si vendiste a un precio con un margen de utilidad muy estrecho y pasan los meses sin que te paguen, ya dejó de ser negocio y lo único que quieres es recuperar el capital" apuntó.
Aunque no pudo precisar montos indicó que la mayoría de las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD), "tienen un retraso importante, algunos generados hasta de administraciones anteriores que no se han saldado".
Otro inconveniente es que los pasivos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que actualmente obliga a los entes de gobierno a registrar sus deudas, no quedaron registrados en varios casos.
"Los municipios están muy apretados en la cuestión de sus flujos, por eso no han liquidado y algunas como carecen del antecedente de la factura porque son administraciones de distinto partido político, decidieron frenar los pagos", puntualizó el directivo.
Entre los principales deudores mencionó a la secretaría de Administración; hoy fusionada como Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), el Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome), la Procuraduría; hoy denominada Fiscalía General del Estado, entre otras.
También están los municipios del área metropolitana, siendo los más importantes por su capacidad de compra Guadalajara y Zapopan, reveló Bujaidar.