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Remigio Ángel González, conocido como 'El fantasma', ciudadano mexicano que se ha convertido en el principal empresario de la TV de Guatemala, es investigado por el Congreso estadounidense por temas relacionados por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero en México obtuvo 12 canales de televisión abierta en la licitación IFT-6, celebrada en diciembre de 2017.
El Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente al presidente Donald Trump que los Departamentos del Tesoro y de Estado investiguen a Ángel González para determinar si es responsable de violaciones a lo establecido en la Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, mejor conocida como la Magnitsky Act.
En una carta dirigida al mandatario estadounidense el pasado 2 de agosto, los congresistas Eliot L. Engel, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires, David G. Valadao y Norma J. Torres, del Comité de Asuntos Exteriores y de Inteligencia, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, señalaron el largo historial de acusaciones por corrupción que tiene González.
El tema que particularmente alertó al Congreso estadounidense es el caso de corrupción que involucra a la actual esposa de Ángel González, Alba Elvira Lorenzana, quien, al ser representante legal de dos medios del conglomerado guatemalteco Albavisión, es acusada de haber realizado un financiamiento ilegal a la campaña del presidente Otto Pérez Molina por un total de 2.3 millones de dólares en el periodo 2008-2011.
Albavisión es un conglomerado de medios con presencia en 11 países de América Latina, en los cuales concentra 35 canales de televisión, 114 estaciones de radio y dos periódicos.
De acuerdo con la fiscalía y con la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en Guatemala, la esposa de Ángel González formaba parte de un "complejo esquema de lavado de dinero" para beneficiar tanto a Pérez Molina como a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por lo cual existe una orden de aprehensión vigente en su contra en ese país e incluso, en su momento, se emitió una ficha roja de captura por parte de la Interpol.
El pasado 8 de agosto, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ratificaron la orden de aprehensión vigente en contra de la esposa de Ángel González, quien ocupó el puesto 66 de una lista de 117 prófugos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa a Albavisión de ser un vehículo para "desacreditar y difamar adversarios de sus aliados políticos", mientras que en el reporte sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala del 31 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que, de acuerdo con organismos de la sociedad civil, el empresario sería el responsable de imponer una agenda contraria al combate a la corrupción y a los derechos humanos, amparado en una legislación que favorece la concentración en el mercado de TV abierta, a favor de sus canales.
En México recibe concesiones
La SCT, en contraste, dio "opinión favorable" a Ángel González. Así, en diciembre de 2017, 'El fantasma' obtuvo en México 12 canales de TV abierta en la licitación IFT-6 desarrollada por el IFT, a través de la razón social "Telsusa Televisión S.A. de C.V.", con lo que Albavisión contará con canales en ciudades de Veracruz, Yucatán, Campeche, Guanajuato, Puebla y Quintana Roo. Por dichas concesiones, González pagaría una contraprestación de poco más de 262 millones de pesos.
De acuerdo con el calendario de la licitación IFT-6 de canales de televisión abierta, los interesados debían manifestar su interés en participar en el proceso, y en esta manifestación apareció el nombre de José Jorge Mena Ortiz, quien fue secretario técnico de la extinta COFETEL —antecedente del IFT—, y que fuera inhabilitado, por 5 años, por negligencia administrativa.
A pesar de toda esta información, la SCT avaló su participación en el proceso de licitación, lo que causó sorpresa entre especialistas y el propio regulador, IFT.
Las autoridades mexicanas optaron por otorgarle a Telsusa el fallo a favor, tomando en consideración que en México no hay acusaciones en contra de Ángel González.
Con base en ello, en diciembre del año pasado, el IFT le entregó a González los 12 títulos de concesión para prestar servicios de TV. Las estaciones deberán estar en operación este año.
Sin embargo, queda pendiente el desenlace que tendrá la investigación que detonó el Congreso de los Estados Unidos, en la que conforme a las reglas de la Global Magnitsky Act, el presidente Trump está obligado a dar una respuesta detallada a dicha instancia legislativa, y en su caso, a imponer las sanciones conducentes.
De acuerdo con especialistas, las 12 concesiones otorgadas por el IFT podrían estar en riesgo si el gobierno de EU señala oficialmente irregularidades, lo que llevaría al IFT a tener que revisar las asignaciones ante información superveniente.