Además del retraso en la construcción y problemas en el uso de los recursos públicos, el Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu tiene problemas de tierra, pues ejidatarios reclaman los terrenos adquiridos por el Fonatur. El Senado pidió a la Secretaría de Turismo informar al respecto, pero hasta el momento, no ha tenido éxito.
___¿Cuál es el estatus de Playa Espíritu, Senador?
___Empezamos a investigar qué había detrás de ese CIP y encontramos que había demandas por terrenos involucrados. Uno el caso de la comunidad indígena Totomares de San Pedro Chiametlán, hay un juicio en contra de Fonatur para que se declare la nulidad del contrato de compraventa de mil 215 hectáreas. Y dos, la comunidad de San Pedro Chametla del municipio del Rosario en Sinaloa, está reclamando la devolución de un terreno de 208 hectáreas. Aquí el Tribunal Agrario concedió la propiedad del predio a la comunidad. Fonatur impugnó y se le otorgó la suspensión provisional.
___¿De cuánto fue el daño patrimonial hecho a Fonatur?
___De 13 millones de pesos, derivado de irregularidades en los pagos durante la construcción de este CIP Playa Espíritu y específicamente la Auditoría Superior nos habla de un contrato correspondiente a la urbanización.
___¿El proyecto sigue siendo viable?
___Yo lo veo muy complicado, sobre todo porque hay muchos campesinos que están en litigio con Fonatur. Le quitarían tierras a la gente.
El Financiero consultó al Fonatur, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.
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