La Ley de disciplina fiscal que acota el endeudamiento de estados y municipios no será suficiente para que exista un orden en sus finanzas públicas, afirmó Daniela Brandazza, directora senior de calificaciones de finanzas públicas internacionales de Standard & Poor's.
La especialista indicó que la reforma constitucional aprobada por el Congreso es un paso en la dirección correcta, pero no será suficiente sólo con esos cambios para que haya un orden sostenible en las finanzas públicas de los gobiernos locales.
Consideró que los 190 días siguientes la Cámara de Diputados tendrá el reto de crear una ley reglamentaria, sobre cómo los gobiernos locales podrán obtener las mejores condiciones de financiamiento, y cómo se fijaran límites en el endeudamiento en casos de que exista una garantía federal, así como normas prudenciales del comportamiento financiero para el manejo de presupuestos.
Recalcó que aún con estas medidas "la pelota" está del lado de los gobiernos de los estados y municipios, por los que ellos mismos tendrán que hacer debates honestos, para analizar para qué quieren adquirir más obligaciones financieras y cómo las van a pagar.
Consideró que ya no es posible que se utilicen financiamientos para pagar gastos de operación como nóminas.
La experta consideró que un tema que deberán de ajustar los gobiernos locales son sus mecanismos de recaudación, como el cobro de prediales para pagar sus deudas para depender menos de ellas.
En entrevista posterior a su participación en el '4th México Infrastructure Summit' de BN Américas Events, estimó que ante un escenario más restrictivo en transferencias de recursos públicos hacia los estados y municipios, por el recorte al gasto, estos gobiernos solicitarán créditos para infraestructura de entre 50 mil a 75 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 10 al 15 por ciento.
CON CAPACIDAD DE ENDEUDARSE
Consideró que el 70 por ciento de los estados y municipios tienen la capacidad para poder contraer compromisos crediticios y seguir con proyectos de infraestructura.
Brandazza explicó que los factores de deterioro de las calificaciones, son más por su marco institucional, ya que las administraciones locales no tienen una visión a mediano y largo plazo.
Y enfatizó que a pesar de que en los últimos cinco años se ha registrado un deterioro de la calificación de riesgo de estados y municipios, y algunos están con un fuerte apalancamiento, no existe una crisis de deuda en el país.
LOS CAMBIOS
Al cierre del año anterior el saldo de las obligaciones financieras de estados y municipios sumó 509 mil 690 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un reporte la dependencia destacó que dicho saldo aumentó 1.4 por ciento real, respecto a 2013, lo que implicó su menor crecimiento en los últimos 15 años.
Entre los cambios aprobados, ahora la autorización de deuda será por consenso, mediante el voto de las legislaturas locales que deberán autorizar los montos máximos a contratar, considerando las mejores condiciones del mercado.
Además, las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse tres meses antes del término del período de gobierno en turno y no podrán adquirirse nuevas deudas durante ese periodo.
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