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Investigarán a directivos de Infonavit de Durango por fraude detectado en Nayarit

El director del instituto, Carlos Martínez, explicó que el fraude involucra la adjudicación de más de 60 mil viviendas.

Trabajadores y directivos del Infonavit serán investigados de manera exhaustiva por el fraude detectado en Nayarit, donde además esta implicado el despacho de un exfuncionario del Gobierno de Durango, informó este viernes el director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Minutos antes de dictar una conferencia magistral en la plenaria de Concanaco en Durango, el funcionario federal se refirió al fraude detectado y con el que Infonavit se habría adjudicado más de 60 mil viviendas.

En el asunto de Nayarit se involucra a un despacho de abogados encabezado por Hugo Rosales Badillo, exfuncionario del gobierno del Estado durante el sexenio de Jorge Herrera Caldera.

Puntualizó que están cooperando con la Fiscalía General de la República (FGR) aportando los datos necesarios a la autoridad investigadora.

"Yo como director general del Infonavit, llegué el 14 de diciembre del año pasado y, al conocer el tema, ordené una auditoría a las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades sobre probables participaciones de trabajadores del Infonavit, pero la instancia responsable de llevar a cabo la indagatoria es la FGR", apuntó.

Señaló en ese sentido que también en Coahuila pasa algo similar, y en otras entidades que también son investigadas por la Fiscalía.

Informó que hay más de 182 despachos a nivel nacional, encargados de hacer todos los procesos judiciales de Infonavit.

El tema, además de investigarse, tiene que corregirse de fondo, por ello se va a recomendar se lleven a cabo revisiones de los códigos civiles de los estados, para que no permitan (en materia de vivienda e inmobiliaria) que haya juicios masivos, donde se den las notificaciones por edictos que se llevan a cabo en otras jurisdicciones.

Por otro lado, el director del instituto precisó que dentro de las acciones que realiza la dependencia, se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para revisar todo el proceso de cobranza del órgano.

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