Infonavit solicita auditar despachos de cobranza
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Infonavit solicita auditar despachos de cobranza

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Infonavit solicita auditar despachos de cobranza

bulletLa solicitud es con el fin de detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares.

Pamela Ventura
23/01/2019
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El Infonavit solicitó este miércoles al Comité de Auditoría del Consejo de Administración iniciar una auditoría sobre los procesos de adjudicación de despachos de cobranza, a fin detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares -conocidas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas)- que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.

Esto luego de conocer los casos de despojos masivos de derechohabientes en Nayarit y Coahuila a través de juicios falsos de cobranza.

Carlos Martínez, director general del Instituto, señaló que en las administraciones anteriores el tema de la Cartera Vencida del Instituto se había manejado como un negocio que beneficiaba a despachos externos, familiares de directivos y personajes políticos.

Bernado Altamirano, subdirector de Administración de Cartera, refirió que los números de Cartera Vencida del Instituto, que representa 6 por ciento del balance financiero, se originó desde la asignación de crédito, ya que entre 2005 y 2012 hubo una expansión en el otorgamiento de hipotecas, además de la falta de políticas integrales de vivienda.

De 2014 a la fecha, los despachos de cobranza han llevado a juicio individual o masivo 259 mil casos de derechohabientes que cayeron en impago de su crédito hipotecario, siendo Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, los estados con más casos.

Actualmente, 240 despachos tienen las facultades de realizar procesos de cobranza mediación y recuperación especializada (juicios masivos), en esta última facultad sólo tienen autorización 84 oficinas.

Altamirano evidenció que en este universo de despachos, algunos tienen una trayectoria de cobranza con diferentes entidades bancarias, pero muchos crecieron de manera espontánea impulsados por los contratos con el Infonavit.

"Había despachos creados sólo para llevar casos de este tipo del Infonavit", denunció el director del Instituto.

Altamirano detalló que el organismo paga 100 mil pesos por caso a los despachos, de modo que en 2018 se ejercieron 8 mil millones de pesos para este proceso.

"Además, la administración pasada nos dejó con un pago pendiente de mil millones de pesos por el trabajo que los despachos hicieron de octubre a diciembre de 2018", aseguró Altamirano.

Actualmente, el Instituto suspendió el ingreso de nuevos despachos de cobranza y la asignación de nuevas cuentas.

Martínez refirió que el Infonavit evaluará los procesos y políticas de los despachos de cobranza y los mecanismos de pago. Asimismo, habrá un estándar de cumplimiento de los despachos y un portal para transparentar a los mismos.

Ante este panorama, Carlos Martínez solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el programa de Cobranza Social y diseñar una política que ponga en el centro de su actuar el derecho humano a la vivienda.