A un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora por parte de Grupo México (GMéxico), la empresa considera que cumplió con todas las demandas y multas del gobierno federal y la población afectada.
La compañía que lidera Germán Larrea ofreció un fondo de 2 mil millones de pesos para la restauración de los ríos Sonora y Bacanuchi, además de otros mil 300 millones por multas y apoyos a los siete municipios afectados. Sin embargo, los pobladores y afectados desconocen el destino de los recursos.
Entre las sanciones a Grupo México se encuentran una multa de 23 millones 565 mil 938 pesos y otra de 22 millones de pesos por 55 irregularidades encontradas en la operación de su mina Buenavista del Cobre impuesta por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como otros castigos económicos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Fuentes de la firma desconocen el uso de ciertos recursos económicos por parte de las autoridades y aseguran que cumplieron al 100 por ciento con su parte en el apoyo y saneamiento del agua de los ríos.
En conferencia en Sonora, funcionarios de Semarnat, Cofepris y Profepa, dijeron que se habían aplicado mil 67 millones de pesos del fondo creado con capital de Grupo México.
El subsecretario de Política y Planeación Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, detalló que con los recursos del Fideicomiso Río Sonora se entregaron 26 mil 564 apoyos para el resarcimiento por daños a la salud.
Sin embargo, el destino que tuvo este capital aportado para reparar el daño causado por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora, ocurrido en agosto de 2014, es un misterio para los pobladores de la región.
Integrantes de los Comités de la Cuenca del Río Sonora, agrupación de pobladores afectados por este accidente ecológico, dijeron en una conferencia de prensa en la Ciudad de México que no hubo transparencia sobre el uso de estos recursos administrados por el gobierno federal.
Francisco Miranda, integrante de la organización, expuso que algunos alcaldes recibieron dinero y no han transparentado en qué se usó. "Nos dijeron que parte del capital (del fondo) se aplicó en la reparación de pozos de agua que estaban contaminados, cuando el plan original era la construcción de nuevos pozos", apuntó.
Adolfo López, agricultor afectado e integrante de estos comités, dijo que a los granjeros les iban a pagar 10 mil pesos por hectárea afectada, pero que no les han dado el dinero completo.
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