La construcción de al menos cuatro autopistas en México, que suman inversiones por 15 mil 431 millones de pesos, avanza lento o está detenida, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha logrado liberar el derecho de vía, es decir, adquirir los terrenos en los que se ubicarán.
Tres de los proyectos afectados pertenecen al grupo de cinco concesiones que se han licitado en este sexenio, lo que representa el 71.4 por ciento de la inversión de empresas en este tipo de proyectos.
Las autopistas afectadas son la Atizapán-Atlacomulco, con una inversión de 5 mil 860 millones de pesos; la Tuxpan-Tampico, con 4 mil 471 millones; la San Miguel Allende-Guanajuato, con 3 mil 200 millones; y la Autopista Siglo XXI, con mil 900 millones de pesos.
Héctor Ovalle, director general de la constructora Coconal, estimó que para construir un tramo de 40 kilómetros de carretera se cruzan alrededor de 500 lotes con distintos dueños, por lo que la compra de los terrenos se dificulta.
"La liberación del derecho de vía es muy complicada en México porque tenemos tres regímenes de propiedad: la privada, la ejidal y la comunal. Para un mismo terreno llegan nueve dueños distintos o cuando ya compraste, te sale otro propietario", dijo el empresario.
La primera concesión entregada en este sexenio, la Autopista Siglo XXI, que se construye en Morelos, arrancó en marzo de este año, pero aún no se libera el 95 por ciento del derecho de vía, lo que dificulta la obtención de créditos para su construcción a la empresa encargada de la obra, Pinfra.
Además, un documento en manos de El Financiero, fechado el 24 de octubre de 2014, señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha ordenado en al menos dos ocasiones que se detenga la obra, pues la SCT no cuenta con el permiso de este organismo para construir y afecta tres zonas arqueológicas en la entidad.
"El proyecto carretero ha llegado a zonas arqueológicas, en este caso de pintura rupestre, que están a punto de ser afectadas. Le solicito nuevamente que se suspenda la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI", señala el documento del INAH.
Por otro lado, en agosto se dio el banderazo para la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, adjudicada a OHL México, sin embargo, iniciará en forma hasta febrero de 2015, debido a que la SCT no ha logrado liberar por completo el derecho de vía e incluso, ha tenido que modificar el trazo ante la dificultad de adquirir los terrenos.
"La Atizapán-Atlacomulco ha ido un poco lenta, necesitamos los derechos de vía para iniciar el proyecto y el gobierno ha modificado el proyecto, debido a que ha sido un poco difícil cerrar los tratos para el derecho de vía", explicó en conferencia con analistas Sergio Hidalgo, director general de OHL México.
Roberto Solano, analista de construcción de Monex, estimó que la nueva concesión para OHL México generaría recursos equivalentes al 4 por ciento de ingresos y 11 por ciento del flujo operativo (EBITDA), respecto al cierre de 2013 y un aumento de 6.7 por ciento en el nivel de deuda.
Hasta ahora, se tienen comprados 35 kilómetros de un total de 74 en esta vía, estimó Carlos Bussey, director general de Desarrollo Carretero de la SCT.
En la Tuxpan-Tampico, que fue adjudicada a Mota-Engil, hasta junio pasado se tenía pactado el 70 por ciento de la adquisición de derecho de vía. La compañía portuguesa consideró que la liberación es un proceso complicado y lento.
En el caso de la San Miguel de Allende-Guanajuato es uno de los más graves, reconoció Bussey.
La licitación de esta obra se tuvo que suspender, pues algunos grupos presentaron un amparo para detener el proyecto ante posibles afectaciones ambientales y la presencia de vestigios arqueológicos. El proyecto sigue sin relanzarse, a la espera de que el juez dé la orden para ello.
"El único proyecto que en este momento está en una condición de inacción y que no se ha fallado, incluso, es la Autopista Guanajuato-San Miguel de Allende. Hay una suspensión de un juez y nosotros no podemos proceder hasta que no se tenga una resolución", dijo Bussey.
RECOMIENDAN EJECUTAR LEY DE APPS PARA AGILIZAR LIBERACIÓN
Los proyectos lanzados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) deben ser más claros en su ejecución, a fin de agilizar la liberación del derecho de vía, consideraron expertos.
Ulises Gómez, que participó en la elaboración del reglamento de la Ley de APPs, explicó que la Ley contempla que el Estado sea quien libere y expropie los terrenos bajo propiedad ejidal, sin embargo, el artículo 67 da la posibilidad de que los privados compren los inmuebles cuando sean de privados.
"El problema no es la Ley, lo que habría que revisar es la operación de la Ley, ya que dio márgenes muy amplios para flexibilizar y permitir a las autoridades un mayor margen de maniobra", dijo.
Los retrasos en la compra de terrenos cuando la hace el gobierno se deben a que la liberación de recursos, el cabildeo y la negociación llevan más tiempo, comentó Alejandro Villarreal, director de concesiones de Arendal.
Víctor Esquivel, Socio Líder de Asesoría de KPMG, señaló que el derecho de vía provoca incertidumbre, pues las empresas no quieren asumir los riesgos de la liberación.
