Permitir a cualquier autoridad el acceso a los datos personales de los usuarios de telefonía móvil no sólo implicará gastos considerables para las empresas, sino también, un impacto en el precio de los servicios de telecomunicaciones, sumado a la vulnerabilidad a la que quedarían expuestos los usuarios, aseguró a El Financiero Luis Fernando García, abogado de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D).
Con ello, aseguró, se estaría validando la recolección masiva e indiscriminada de datos de usuarios.
El próximo miércoles 20 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá sobre el amparo promovido por la R3D contra los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que establecen que las compañías deben guardar durante dos años los metadatos de los usuarios de telefonía e internet.
"La medida compromete la seguridad de todas las personas. Esta misma obligación de conservar datos ya ha sido declarada contraria al derecho a la privacidad en el tribunal de justicia de la Unión Europea y en otros países y sería muy lamentable que México quedara rezagado en estándares de privacidad", comentó.
Los datos que se pide conservar abarcan el origen y destino de las llamadas, la fecha y hora de realización de las mismas e incluso la localización geográfica de los dispositivos lo que, en opinión del organismo, vulnera la seguridad de los usuarios sin ningún tipo de control, comprometiéndola aún más bajo el contexto de inseguridad nacional actual.
"El tener esta información a merced de las autoridades pone en riesgo la seguridad y la privacidad de las personas. Si el amparo se desecha, nos obligaría a recurrir a instancias internacionales para remediar la validación de la violación a derechos humanos que implica la invasión a la privacidad que contempla la ley de telecomunicaciones", agregó.