Catorce años después de que los concesionarios de la banda de 2.5 Gigahercios (GHz) solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el cambio en sus respectivos títulos de concesión para ofrecer servicios de telecomunicaciones y luego de que el año pasado el Estado llegó a un acuerdo con algunos de los operadores para recuperar un tramo del espectro, al día de hoy esa porción se mantiene desaprovechada, de acuerdo con los expertos.
"En el 2000 pedimos la autorización en los títulos de concesión para poder dar datos en estas frecuencias y desde ese año estamos en la incertidumbre", dijo Alejandro Mayagoitia, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel).
A pesar del acelerado incremento en la provisión de servicios de banda ancha móvil en el país, el gobierno federal no ha sido capaz de generar una política de Estado que oriente el desarrollo de la industria a las necesidades del mercado, aseguran los analistas.
En el 2010, según datos oficiales, la penetración de suscripciones de banda ancha móvil se ubicó 2 millones 730 mil, pero al final de 2013 la cifra avanzó a 16 millones 560 mil, lo cual indica un crecimiento de más de 500 por ciento en el periodo de referencia.
La situación de la provisión de servicios de banda ancha en México en términos de precio y calidad también muestra rezagos con respecto a los estándares internacionales. En cuanto a precios, el cargo mensual mínimo en el mercado mexicano para el servicio residencial se encuentra entre las cinco tarifas más caras entre los países miembros de la OCDE.
En septiembre de 2013, nueve de los 11 concesionarios que operan en esta banda, incluido MVS Comunicaciones, optaron por ceder 130 MHz de los 190 MHz que integran la banda de 2.5 GHz. Conservaron 60 MHz con la idea de migrar sus Servicios de Distribución Multipunto por Microondas o MMDS, a servicios de telecomunicaciones móviles de banda ancha.
Mayagoitia explicó que el acuerdo con las autoridades federales se estableció en dos etapas. La primera consiste en la devolución de los 130 MHz a la federación y la segunda, en utilizar el resto de las frecuencias para ofrecer servicios de datos móviles a más tardar hasta diciembre del 2017. Pero "mientras no se resuelva cuánto van a costar los 60 MHz es muy complicado planear para lo demás, entonces, una vez más seguimos a la espera", apuntó Mayagoitia.
LA INCERTIDUMBRE ALEJA A OPERADORES
Los operadores de la banda de 2.5 GHz reclaman que el gobierno federal no ha dado certeza sobre cómo se va administrar la porción del espectro que recuperó, ni cuáles van a ser las nuevas reglas con que funcionarán los nuevos esquemas.
Entre agosto y septiembre de 2012, MVS Comunicaciones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hicieron público su diferendo en torno a la contraprestación por el uso y aprovechamiento de la banda de 2.5 GHz.
MVS Comunicaciones aseguró que su oferta por la banda de 2.5 GHz fue de 11 mil 164 millones de pesos, una cifra mucho menor en relación a los 27 mil millones de pesos que estableció la Secretaria de Hacienda (SHCP).
Esa oferta equivaldría a aceptar que, por 190 MHz, el Estado recibiría alrededor de 104 millones de pesos, en lugar de los alrededor de 27 mil millones de pesos antes señalados, dijo la dependencia en aquella ocasión.
Megacable fue uno de los concesionarios que decidió no sumarse al acuerdo con las autoridades federales, lo cual no ha representado una gran diferencia en comparación con quienes sí suscribieron el convenio mediante el cual el Estado recuperó 130 MHz de los 190 MHz que integran la banda de 2.5 GHz.
Luis Antonio Zetter, director de Administración y Finanzas de Megacable, comentó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), si bien les ha requerido documentación, aún no definen cómo se va administrar dicha porción del espectro.
"Que nos definan para poder determinar qué opción tomamos, porque cuando no hay certeza ni claridad, pues tampoco podemos tomar una definición sobré las inversiones. Tenemos algunos cuadros de negocio pero no podemos disparar ninguno", dijo el directivo.
Explicó que el IFT hizo una llamada, un reclamo de la banda.
"Nosotros acudimos y entregamos toda la documentación que ellos nos requirieron y a vuelta de correo no hemos tenido una respuesta definitiva".
La propuesta de legislación secundaria de telecomunicaciones que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, introduce figuras como el uso a título secundario del espectro, la cual permitirá ofrecer servicios alternativos a aquellos establecidos en el título primario, dando oportunidad a una mayor disponibilidad de servicios.
La iniciativa establece la planificación del espectro mediante la emisión del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias por parte del IFT. En dicho programa se establecerán año con año los recursos espectrales que se pondrán a disposición del sector, así como el uso que se le asignará: comercial, público, social o privado.
En la planificación del espectro radioeléctrico el IFT deberá garantizar que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias.
