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Conamer le regresa a Cofepris el reglamento para el uso de cannabis medicinal

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Conamer le regresa a Cofepris el reglamento para el uso de cannabis medicinal

bulletLa Comisión Nacional de Mejora Regulatoria informó que se debe plantear bien el impacto regulatorio (AIR).

Alejandra Rodríguez
13/08/2020
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La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) regresó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el Reglamento para la producción e investigación de la cannabis medicinal en México, esto para que planteen bien el impacto regulatorio (AIR).

“Sobre el particular, de conformidad con la información presentada por la SSA en el anteproyecto en comento, así como su AIR correspondiente, la Conamer le informa no le fue posible identificar el supuesto en el cual se encuentra el mismo”, señala el documento.

La Cofepris, a nombre de la Secretaría de Salud (SSA), entregó el pasado 27 de julio un documento de 32 páginas como el Reglamento en Materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, el cual responde a la modificación de la Ley General de Salud de 2017 y es lo que hacía falta para que la industria pudiera comenzar con proyectos de investigación y producción.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) extendió el plazo hasta el 9 de septiembre de 2020 para emitir las reglas de la cannabis medicinal.

“Técnicamente no retrasa, ya que es parte del periodo de consulta que la misma Conamer haga sus comentarios, reservas, etc. Obviamente la Conamer le acaba de pedir una ‘chambota’ a la Secretaría y Cofepris”, dijo Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC).

Explicó que la SSA puede argumentar que con base en lo dispuesto por el articulo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, que se encuentran dentro del supuesto de excepción para elaborar una manifestación de impacto regulatorio, por tratarse de un caso de emergencia, considerando este la salud de los pacientes que necesitan su tratamiento, así como de una obligación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, deben de justificar, que dicha regulación no va a generar costos de cumplimiento para los particulares.

“Si desarrollan ese argumento con solidez, se pueden ahorrar la presentación de la manifestación de impacto regulatorio, de lo contrario, tienen mucha chamba que hacer”, acotó Ponce.