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Causa polémica ley de telecom

La oposición y expertos criticaron la iniciativa presidencial de leyes secundarias en enviada este lunes al Senado, mientras que el titular de la SCT señaló que el documento fue validado por organizaciones especializadas nacionales e internacionales.

La iniciativa presidencial de leyes secundarias en telecomunicaciones, enviada este lunes al Senado de la República con más de tres meses de retraso, generó controversia y posturas encontradas.

Los dirigentes nacionales del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, se aliaron para expresar su rechazo porque el gobierno pretende reducir el alcance de la legislación y hay claras violaciones a la Constitución.

En conferencia de prensa, en la que sólo leyeron un mensaje en el que alternaron su voz y no aceptaron preguntas, advirtieron que esta propuesta pretende ser reducida por el gobierno en su alcance y significación y con claras violaciones a la Constitución.

Consideraron como "inadmisible" que en estos proyectos de leyes se desconozcan los avances alcanzados y expresados en la Constitución.
Como ejemplo señalaron las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dijeron "pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo como si no se hubieran transferido al nuevo instituto en su carácter de órgano autónomo del Estado".

Senadores de PRI, PAN y PRD mostraron posiciones divergentes en cuanto al contenido y los tiempos para sacar adelante este proyecto.

En respuesta a las descalificaciones, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que el documento enviado esta tarde al Senado por el Poder Ejecutivo fue validado por organizaciones especializadas nacionales e internacionales.

En entrevista con Alejandro Cacho, en el noticiario nocturno de El Financiero Bloomberg, Ruiz Esparza expuso como ejemplo el caso del "must carry y el must offer", referente a la facilitación del acceso de las cableras al contenido de las concesionarias de TV abierta como Televisa y TV Azteca.

En este sentido advirtió que la iniciativa propone dar más poder a pequeños participantes del sector, no para debilitar a alguna empresa en particular, sino para balancear el terreno del mercado.

"Estuvimos buscando una situación en la que cada sector genere lo que buscamos fundamentalmente: mayor competencia y precios más accesibles", indicó.

Por otra parte, especialistas consideraron que la iniciativa representa un retroceso.

"Es una propuesta bastante regresiva. En algunos casos es contrario a la Constitución", dijo Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Explicó que la nueva regulación otorga atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no le corresponden, como es la de opinar sobre los informes del IFT y de su programa de trabajo.

Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que la iniciativa del Ejecutivo pierde la noción de servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión. "El Ejecutivo pretende, otra vez, subsumir al órgano regulador a sus determinaciones", comentó la directiva.

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