La iniciativa de Ley de derechos de las Audiencias impulsada por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, buscará derogar la obligación de los radiodifusores a distinguir entre información y opiniones en su programación, lo que beneficiaría a Televisa y TV Azteca, señalaron expertos.
El apartado IV del artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones se refiere a que los concesionarios deberán aportar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, pero la propuesta de los diputados es que los concesionarios deberán abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa con base en un código de ética que se realizará para prevenir esas prácticas.
Según los expertos, eso no implica que se cumpla porque serán los mismos concesionarios los que deberán escribir su propio código de ética.
Raúl Trejo Delarbre, experto en temas de comunicación, señaló que de ser avalada esta iniciativa, que modificaría lo establecido en la nueva ley de telecomunicaciones, los principales beneficiados serían las dos televisoras, que en su opinión, se han favorecido de la indefinición que había antes en la ley, produciendo programas repletos de anuncios.
"En ese sentido, si la ley deja de exigir que haya diferencias entre publicidad y contenido producido, sí podría haber mayor producción hipotecada a los intereses comerciales en sacrificio de los argumentos de los creadores de contenido. Los televidentes no saben que la publicidad insertada es resultado de una transacción comercial, por lo que debe ser obligatorio indicarle a la audiencia qué es un contenido publicitario", subrayó.
Ramiro Tovar, experto en el sector de telecomunicaciones, comentó que aunque la publicidad insertada no es en sí un contenido, la ley tampoco debe inhibir la manera en la que las televisoras innovan en esa materia.
"Hay que considerar que estas empresas también enfrentan la competencia de otros medios. La visión de la ley no está en línea con las ofertas de varias plataformas y la demanda de las audiencias. Por ello, debe de haber una regulación respecto al monto que deben destinar por el uso excesivo de esa publicidad, pero no inhibirla", indicó.
La iniciativa de los diputados propone que se establezcan límites claros tanto para el Instituto Federal de Telecomunicaciones como para autoridades como la Secretaría de Gobernación y la de Salud, considerando además la competencia audiovisual, que en opinión de los legisladores, ha rebasado fronteras.
En el dictamen se señala que los servicios OTT -como Netflix o Claro Video -que a la fecha no pagan impuestos, pone en desventaja a la industria nacional, toda vez que el papel de las autoridades mediante la ley debe guiar a los órganos autónomos sin exceder las decisiones que en su carácter de autoridad detentan.
Empresas