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BP deberá responder por derrame de petróleo


Reuters
 
Nueva Orleans .- Un esperado juicio por el mayor derrame de crudo en altamar en la historia de Estados Unidos comenzó el lunes, en el que gobiernos, empresas y personas culpan principalmente a BP por el desastre del 2010 que dejó 11 trabajadores muertos y vertió 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.
 
"No sólo estaba dentro de los poderes de BP el evitar la tragedia, era su responsabilidad", dijo el fiscal asistente Mike Underhill en el juicio sobre la culpabilidad legal por la explosión de la plataforma y el derrame de crudo.
 
El juicio se realiza sin un jurado ante el juez Carl Barbier en la corte federal de Nueva Orleans.
 
Abogados de los otros demandantes también criticaron a los ejecutivo de BP Plc, tal como lo hicieron los defensores de otros dos de los acusados y propietarios del pozo, la dueña de la plataforma Transocean Ltd y el proveedor de cemento Halliburton Co.
 
El abogado de BP, Mike Brock, dijo que la culpa era compartida por las tres compañías.
 
BP debe demostrar que los errores de la compañía no caen dentro de la definición legal de negligencia culposa, necesaria para que se cobre una mayor multa por daños. La compañía ya ha gastado o comprometido 37,000 millones de dólares en limpieza, restauración, compensaciones, acuerdos y multas.
 
Además de eso, sus posibles responsabilidades se extienden a decenas de miles de millones de dólares si Barbier determina que BP o los otros acusados incurrieron en una negligencia culposa.
 
El petróleo llegó a las costas desde Texas a Florida, amenazando los estilos de vida y economías estatales dependientes de la comida marina y el turismo, por lo que la lista de demandantes es larga.
 
La mayoría de los observadores espera que el caso llegue a un acuerdo antes de que se establezca un veredicto.
 
Underhill dijo que menos de una hora antes de que el pozo Macondo de BP se rompiera y causara una explosión, el principal líder de BP en la plataforma llamó a un ingeniero en Houston para discutir una prueba de presión crítica que indicaba la existencia de problemas.
 
Funcionarios de la compañía no detuvieron la operación y "11 almas tuvieron 47 minutos para vivir el resto de sus vidas", dijo Underhill.
 
Underhill afirmó que el accidente pudo haberse evitado si el ingeniero en tierra Mark Hafle y el líder del pozo en la plataforma, Don Vidrine, hubiesen hecho su trabajo.
 
Vidrine también enfrenta cargos criminales por el desastre, al igual que Robert Kaluza, el otro supervisor de mayor rango a bordo de la plataforma antes del desastre.
 
Jim Roy, un abogado que representa a quienes demandan a BP Plc, Transocean, Halliburton y a otros, dijo que los máximos ejecutivos de la firma británica se sintieron presionados para empujar la producción al límite.
 
"Producción por encima de protección. Ganancias por encima de seguridad", dijo Roy, quien representa a los demandantes que no participaron en un acuerdo por 8,500 millones de dólares que BP alcanzó el año pasado.
 
Roy también dijo que Transocean abrió la puerta al desastre por su mala capacitación al personal y un mantenimiento deficiente del equipamiento en el lecho marino, mientras que Halliburton produjo cemento de baja calidad para cerrar el pozo.
 
El abogado de Transocean, Brad Brian, también criticó a BP, diciendo que los trabajadores de la plataforma confiaron en la compañía petrolera y murieron traicionados.
 
Brian destacó que los empleados de BP se habían referido a Macondo como un "pozo del infierno" en correos electrónicos y que la falta de medidas después del llamado telefónico de 8 minutos entre Hafle y Vidrine demuestra lo que ellos y otros en BP habían estado haciendo durante dos meses de cara a un pozo riesgoso: "Ellos no hicieron nada".
 
El abogado de Halliburton, Don Godwin, hizo comentarios similares sobre BP, pero también dijo que el personal de la plataforma de Transocean debió cerrar el pozo ante la primera señal de problemas. "Ahora es cuando ellos quieren pasar la culpa a mi cliente por sus fechorías", dijo.
 
En la exposición inicial de BP, Brock sostuvo que la mala interpretación de la prueba de presión se realizó junto a Transocean. "Fue un error cometido por varios hombres de las dos compañías", afirmó Brock. "Ellos no debieron haberlo aceptado, pero fue un error", agregó.
 
Evaluando la culpa
 
Barbier, quien preside el juicio, tiene profundas raíces en la costa estadounidense del Golfo de México. Nació en Nueva Orleans en 1944, fue a la Universidad del Sureste de Luisiana y a la Escuela de Derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans.
 
Tuvo una práctica privada en Nueva Orleans durante años antes de que el presidente Bill Clinton lo nominara al cargo federal en 1998. El juez manejó varios casos de alto perfil derivados del paso del Huracán Katrina.
 
El hecho de que el caso aún no se haya resuelto con un acuerdo ha sorprendido a muchos.
 
"BP está en un situación muy complicada. Nunca pensé que intentarían ir a juicio con este caso y no pueden darse el lujo de hacerlo porque la exposición es potencialmente demasiado catastrófica", dijo Blaine LeCesne, profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola en Nueva Orleans.
 
La primera etapa del juicio se concentra en qué porción de la culpa recae sobre cada compañía y qué grado de negligencia.
 
El cargo de negligencia simple involucra errores. La negligencia culposa involucra un accionar temerario o ignorar deliberadamente la seguridad de personas o del medioambiente, algo que es complejo de comprobar, aseguran los expertos.
 
BP ha negado reiteradamente que haya cometido negligencia culposa.
 
La negligencia culposa abre la puerta a daños punitivos contra BP, Transocean y Halliburton, potencialmente por encima de los miles de millones de dólares en multas que ya se acordaron.
 
Cualquier sanción por daños contra BP se daría aparte de las multas que deba pagar bajo la Ley de Agua Limpia. Los pagos de BP hasta el momento incluyen un récord de 4,500 millones de dólares en sanciones y una declaración de culpabilidad de 14 cargos criminales para resolver acusaciones del Departamento de Justicia y de civiles.

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