Más de 2 mil micro, pequeñas y medianas constructoras del país están en riesgo de desaparecer o ser afectadas, ante la decisión del gobierno federal de encargar al Ejército proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la remodelación de hospitales y la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar.
“Nosotros estimamos que esto está afectando a muchas empresas, quizá del orden de 2 mil, no es un cálculo preciso, pero la afectación es en general para la industria, de ese orden pudiéramos tener un impacto general para todas las empresas constructoras”, dijo, Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Además, BBVA en su Informe Situación Inmobiliaria México, anticipó que durante el año el valor bruto de la producción en obras de comunicaciones y transporte, energética e hidráulicas se mantendrá a la baja por la falta de inversión.
Detalló que tan solo al inicio del 2021, estos tres rubros registraron una caída de 40, 30 y 2 por ciento en su valor bruto de producción, respectivamente, lo que nubla más el panorama para las constructoras y su participación.
”La infraestructura se mantendrá rezagada. Estimamos que esta tendencia se mantendrá durante 2021, ya que la fuerte inversión requerida difícilmente llegará ante la poca certidumbre y la inhibición a la participación del sector privado sobre todo en el sector energético”, mencionó BBVA en su reporte.
Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte, agregó que un verdadero plan estratégico de infraestructura y la iniciativa de sumar al sector privado será clave para reactivar a la industria durante la pandemia. “En México, la participación privada en cuanto a financiamiento (de infraestructura) es como de un 20 o 25 por ciento, cuando en otros países es más o menos el 45”, concluyó.
En 2020 la inversión total en proyectos de infraestructura registrados en todo el país –que incluyen carreteras, puertos, aeropuertos, obras energía e hidrocarburos, ferroviarias y de agua potables–, alcanzó los 49 mil 232 millones de pesos, de los cuales apenas 4 por ciento corresponde a la participación de estas pequeñas empresas, de acuerdo con datos de la CMIC.
Comentó que tan sólo en 2020, la CMIC registró el cierre de 9 mil empresas afiliadas a la cámara, luego que al menos unos 2 mil negocios tuvieran que ‘bajar la cortina’ tras quedarse sin liquidez, personal o proyectos a raíz de la emergencia sanitaria.
“Muchos trabajos, proyectos, obras que hacían estas empresas, por ejemplo, la de las escuelas se han quedado sin trabajo, las de los caminos también, y eso implica una menor oportunidad de poder seguir existiendo como empresas”, dijo, pues se ha abierto la participación a ejidatarios y gente local, antes que a las constructoras.
Ana Laura Burciaga, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (AMIC), que representa a más de 50 empresas de concreto y cemento, entre ellas a Cemex, Apasco y Moctezuma, afirmó que la falta de obras significativas de infraestructura eliminó hasta una tercera parte el consumo de concreto.
”Todavía estamos por alrededor de una pérdida de un 30 por ciento del consumo (de concreto) que no hemos recuperado, tenemos números que hace mucho no se veían y un gran impacto es el de la falta de la inversión extranjera en la construcción, en nuevos desarrollos, inversiones y conjuntos industriales”, aseveró.
Agregó que, para la asociación, con una capacidad instalada de hasta 800 plantas en el país, es urgente participar en la construcción de infraestructura que se ha frenado desde el año pasado con las restricciones sanitarias y la poca apertura a nuevos proyectos por parte de la iniciativa privada.
”El gobierno está llevando a cabo grandes obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería, el Tren Maya, pero en los estados se ven pocas obras de gran magnitud, carreteras, ampliaciones de los puertos, desarrollo dentro de las ciudades, nuevas rutas, están totalmente detenidas y eso ha impactado”, añadió.