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Por cada peso que se gasta en las campañas electorales, hay 15 que se mueven debajo de la mesa y, de ese financiamiento, por cada 10 pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) detecta como gasto ilegal sólo se conoce el origen de 1.4, explica el reporte 'Dinero Bajo la Mesa' hecho por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores.
Según el estudio, 2018 será el año de las elecciones más caras y con mayor fondeo ilegal en la historia de México, ya que dejarán una secuela de corrupción por varios años, como contratos y permisos que serán usados para pagar a los donadores ilegales de hoy.
De acuerdo con este documento, hay tres mecanismos ilegales para fondear estos procesos electorales: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado, el cual es usado para proteger el negocio y, en muchas ocasiones, infiltrarse en el gobierno; sin embargo, el reporte sólo se basa en los dos primeros.
Mecanismos para recaudar
El desvío de dinero público llega de la recaudación del efectivo en tres órdenes no reportados a las tesorerías: el pago de impuestos en efectivo; la venta de boletos para espectáculos públicos en propiedades del gobierno o el uso de facturas apócrifas de bienes y servicios nunca hechos para que del dinero del presupuesto salgan pagos en efectivo y éste se vacíe en las campañas.
El reporte de 252 páginas detalla: "Son frecuentes la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública y bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas (de forma pública). Una más son los descuentos de nómina, mediante los cuales se les retiene a los empleados del gobierno parte de su sueldo para ser enviado a un partido político".
Asimismo, los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a la revisión de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016, reúnen un total de 243 mil millones de pesos sin comprobar.
Los delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, simulación de operaciones con empresas fantasma, simulacros de operaciones y evasión fiscal son los más visibles, ya que implica el uso de dinero en efectivo y es imposible de rastrear.
Los ejemplos que dominan son la simulación de compras de bienes en empresas que no existen y, luego de haber facturado el empresario, los recursos se inyectan a la campaña del candidato; también, la donación de productos de distintas empresas a las campañas electorales, para luego ganarse licitaciones, son otro de los puntos clave.
¿Y el tope de gastos?
Las elecciones más caras de México se realizarán este año, ya que no sólo la Presidencia y 9 gubernaturas están en juego, sino que suman más de 3 mil 400 los cargos a diputaciones, locales y federales, senadurías y alcaldías de distintas entidades.
'Dinero Bajo la Mesa' señala que, debido a la poca atención en el sistema de financiamiento para partidos políticos, de los 11 mil 844 millones de pesos que recibirán legalmente (6 mil 331 millones por el INE y 5 mil 513 de los organismos locales), el costo real se elevará varias veces de esa cantidad.
Un dato que ejemplifica: en las elecciones de gobernador de 2017 hubo 276 millones de gastos no reportados, pero sólo 31 de los ingresos no fueron reportados; esto quiere decir que 244 millones fueron gastados y no se supo la procedencia.
A esta situación se agrega un común denominador: la variabilidad en las entidades. El tope de gastos a nivel nacional que, al contar con 89 millones de ciudadanos en el padrón electoral, sería de 5 pesos por persona; sin embargo, en estados como Sonora el límite llega hasta 65.01 por elector, por lo que esto deriva en dos posibilidades. Primera: los congresos e institutos locales promueven topes bajos si el partido en el cargo domina la región, por lo que no da pauta a que sus competidores gasten más; y segundo: definir topes muy elevados para que sólo el partido en turno tenga la posibilidad de hacer ese gasto.
¿Cómo se fondean las campañas?
Manipular los ingresos es sencillo. La fórmula: mentir y no reportarlos, si quisiera registrarlos en el sistema es un acto fácil de emular, puesto que el número de personas que asistieron a una celebración pública, el dinero reportado en compra de comida o los cobros por el uso de sanitarios e instalaciones públicas se puede cambiar.
Transformando recursos
Las empresas paraestatales de transporte público o concesiones son un medio de recaudación, ya que cobran parte de sus servicios en dinero líquido; se crea una factura artificial que reduce los ingresos de éstas, se les paga con presupuesto estatal y el dinero en efectivo, de las arcas públicas, se ocupa para financiar distintas situaciones.
"El problema del acceso al dinero en efectivo es que auspicia varias conductas ilícitas: sobresueldos a funcionarios estatales o compensaciones extraordinarias que no se registran en los tabuladores; pagos a los miembros de los congresos locales o de los cabildos con el fin de que aprueben ciertas iniciativas del Ejecutivo; pagos a líderes de los sindicatos de trabajadores", advierte el reporte.
A estos métodos se suman las empresas fantasma, que no realizan una actividad relacionada o ninguna actividad y, por medio de contratos, se les emiten facturas falsas o simuladas; esto resulta en la transferencia de recursos de las tesorerías a operadores políticos o prestanombres con la posibilidad de evadir el sistema que regula los impuestos.
Otro aporte llega con la adjudicación directa de contratos de obra pública y de bienes y servicios, así como el sobrecosto. Y, pese a que las licitaciones se tendrían que realizar un concurso para elegir la mejor opción, la Secretaría de la Función Pública detalló que 75 por ciento de todos los contratos firmados por el gobierno federal para 2016 se hicieron de esta manera.
La nómina es otra de las fuentes para tomar dinero público y desviarlo a las estructuras partidistas, pues muchas de éstas son incluidas en las plantillas gubernamentales y se usan en épocas electorales.
Además se ha detectado el gasto hecho en los medios de comunicación, ya que surge una negociación con éstos, puesto que las asignaciones son de gran magnitud por parte del Poder Ejecutivo y siempre superan el tope del presupuesto aprobado.
Clientelismo electoral
En entrevista para el programa de El Financiero Bloomberg "Ganadores y Perdedores", con Susana Saenz, la consultora de Integralia, Ximena Mata, indicó que dicho desvío de recursos se dirige principalmente al clientelismo electoral, es decir la compra, movilización, inhibición y coacción del voto.
Mata señaló que el sueldo que reciben las personas contratadas por los partidos políticos es el rubro más elevado, y se puede gastar en una campaña más de 290 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte, entre 2015 y 2017, la modalidad de clientelismo electoral de mayor incidencia fue la de compra del voto al reportar mil 65 denuncias; le siguió condicionar la prestación de servicios públicos con 260 denuncias y usar bienes o servicios en virtud del cargo con fines electorales con 177.
La compra del voto directa -con efectivo- e indirecta -con dádivas- es otro de los componentes del clientelismo y, mediante un caso hipotético de lo que sucede en un estado mediano con esta situación, el estudio detalló que se compran cerca de 30 mil votos e inhiben otros 20 mil.
- El precio estimado por la compra del voto es de 350 a 1000 pesos
- La inhibición del voto oscila entre los mil y 2 mil pesos .
- La entrega de regalos, para comprar de forma indirecta el sufragio, raya los 55 mil millones de pesos.
"Si se suman todos los rubros, se obtiene que el clientelismo electoral en un hipotético estado de tamaño medio, con una estimación conservadora, cuesta más de 290 millones de pesos, que incluye el costo de las estructuras de promoción y operación electoral, así como los costos de movilización, inhibición y compra del voto el día de la jornada electoral", durante un proceso electoral a nivel nacional, según el documento.
Los datos evidencian que es en julio y agosto cuando se presentan más denuncias por conductas relacionadas con clientelismo electoral, justo tras la celebración de los comicios y al iniciarse el periodo de impugnaciones.
De acuerdo con los testimonios obtenidos por 'Dinero Bajo la Mesa' se estima un promedio de sueldos:
- Promotor de colonia: entre 500 y 2 mil 500 pesos al mes
- Coordinador seccional: entre 2,500 y 20,000
- Coordinador distrital y municipal, entre 10,000 y 30,000
- Coordinador regional, desde 20,000 hasta 80,000
Además, aunque los representantes de casilla ofrecen su servicio de manera gratuita, reciben un 'apoyo' de entre 300 y 2 mil 500 pesos mensuales; también están los abogados que, se estima, reciben entre 500 y mil 500 pesos al mes.
Recomendaciones
- Ximena Mata, consultora de Integralia, señaló en El Financiero Bloomberg las principales recomendaciones para eliminar el clientelismo:
- Cambios a la legislación
- Bancarizar todas las operaciones, no uso de efectivo
- Voto obligatorio, sancionar a quien no vote
- Implementar urnas electrónicas para combatir pago de representantes de casillas