CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de suspender la evaluación a maestros en México traerá consecuencias devastadoras en lo económico, político y social, además esta medida refleja que el país está enfrascado en un desgobierno.
En conferencia de prensa de las organizaciones de la sociedad civil, Luis Foncerrada Pascal dijo que sin llegar a la ruptura con el gobierno, los inversionistas, empresarios y sectores productivos mantendrán una posición de cautela, porque no se puede invertir en un país donde no hay certeza sobre los derechos de propiedad.
El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) agregó que en un país donde el propio gobierno viola las leyes y Constitución lo único que provoca es desconfianza entre los hombres del dinero, además pone en un clima de cautela a las agencias calificadoras, bancos y años inversionistas extranjeros.
Cuestionó la marcha atrás en una reforma tan importante que pone en riesgo a todos los cambios estructurales que ya se aprobaron, y aclaró que la ausencia de Estado de derecho también va en contra del trabajo que han realizado secretarias como las de Economía, Relaciones Exteriores y Hacienda.
En la mesa denominada: "Suspensión, Inconstitucionalidad y Consecuencias", Viridiana Ríos, directora de México ¿cómo vamos?, argumentó que postergar la evaluación de maestros ahuyenta las inversiones de capital o cartera y al pequeño inversionista lo desalienta para invertir en educación de calidad y refrendó la posición de que se ahuyentan los capitales del país.
Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), acusó que hoy en día en nuestro país tiene más jerarquía un boletín de prensa que la propia Carta Magna y agregó que la violación fragante a la Constitución por parte del gobierno, pone en riesgo a todas las reformas estructurales y todos los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), por lo que pidió que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) debe asumir su responsabilidad en proceder a la evaluación de maestros.
Aseguró que esta negociación del gobierno con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una de decisión que manda una señal "ominosa y de poca certidumbre. El silencio del Ejecutivo es sólo una mala señal para la educación en México y para los mercados internacionales".
Pardinas Carpizo aseguró que el país requiere más certidumbre y una reducción de riesgos y que violar la Constitución no es salida para ninguna negociación; es la imagen de un gobierno que no quiere proyectar la ley.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), calificó como estupidez la decisión de suspender la evaluación a docentes porque el costo será enorme en lo social, económico, político y desde el punto de vista histórico. También precisó que esos agravios tendrán grandes repercusiones en ámbitos adicionales, porque se realizó una semana antes del proceso electoral.
Citó como ejemplo la nacionalización de la banca en 1982, que alteró el orden jurídico nacional y las consecuencias fueron desastrosas por el tácito desprecio al Estado de derecho.
Cuestionó que esa decisión no deja ninguna autoridad moral en favor del gobierno actual y que aunque haya una corrección de esta mala decisión el daño ya está hecho.
Finalmente, especialistas en derecho como Francisco Ibarrara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Maria Marvan, de Trasparencia Mexicana y Marco Fernández de México Evalúa, pidieron al INEE "fajarse los pantalones" y proceder el 15 de julio a la aplicación del examen a maestros, como establece la ley y al Poder Judicial que le dé entrada a los amparos como el interpuesto por la agrupación Aprender Primero, a fin de que esta decisión del gobierno y no explicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), regrese al sistema educativo al cambio que le dio la reforma estructural aprobada por el Congreso.