CIUDAD DE MÉXICO.- Los servicios financieros que ofrece la banca a micro, pequeños y medianos empresarios así como a tarjetahabientes y usuarios en general se encuentran por debajo de los estándares internacionales, y las comisiones que cobran son demasiado altas, aseguraron diputados.
Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza acusaron que además las instituciones imponen barreras para evitar la entrada de nuevos competidores, en perjuicio de los usuarios y de la competitividad.
Al fijar posturas en el marco de la comparecencia del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, coincidieron en diversos puntos.
Entre ellos, establecieron que los seis grandes bancos en México controlan casi 90 por ciento de las operaciones del mercado así como la infraestructura de la red de tarjetas de crédito, y que 10 por ciento de sus ganancias globales las obtienen del mercado mexicano.
El diputado Jorge Herrera Delgado fijó la postura del PRI y sostuvo que "La reforma financiera que realizamos el año pasado es un ejemplo de avances sin precedentes, al ser un pilar esencial para que la economía mexicana crezca más y genere los empleos que demanda la población" y sus beneficios sean disfrutados por todos los mexicanos.
Las reformas a la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros tienen como objeto contar con sistemas más eficientes, seguros y económicos, con redes de medios de disposición, que en el país son escasos y de menor calidad que los de otras naciones desarrolladas.
Criticó que los seis bancos más grandes, que controlan alrededor del 90 por ciento del volumen total de operaciones en la red de pagos con tarjetas, tengan control de la mayor parte de la infraestructura para operar esa red, incluyendo dos cámaras de compensación existentes.
"Lo que buscamos, dijo, es la aplicación de una regulación para su correcto funcionamiento y que no debe de perderse de vista que éste es un esfuerzo inicial y que los siguientes pasos son esenciales para mejorar el acceso de los mexicanos a los servicios financieros y de que éstos sean de mayor calidad y de menor precio."
A nombre del PRD, el diputado Fernando Cuéllar Reyes dijo que las reformas estructurales aprobadas son para que en este país el Estado, sus instituciones, vuelvan a tener la fuerza, la consistencia, para regular un mercado que durante muchas décadas hizo lo que quiso.
Ahí se inscribe la reforma financiera en un país con estructuras con prácticas monopólicas y oligopólicas que propician bajo crecimiento, precios altos e insuficiente generación de empleos y disminución del poder adquisitivo; lo que hace urgente mayor transparencia y más competidores.
En esas condiciones, solicitó a los titulares de Banxico y CNBV que expliquen las reglas emitidas el pasado 11 de marzo y las consecuencias que tendrán en los servicios y costos que se trasladan a los usuarios.
Ricardo Villarreal García, en nombre de Acción Nacional, expuso que con la reforma financiera y las reglas emitidas por Banxico y la CNVB debe resolverse la limitación en pagos mediante tarjetas de crédito o débito en el país, pues hay 120 millones de tarjetas y sólo unos 600 mil puntos de venta que las aceptan.
Igual situación aplica al otorgamiento de créditos, a los que sólo algunos sectores de la población tienen acceso, por lo que una reforma era necesaria ante un sistema financiero quizá de los más endebles del mundo.
El diputado Tomás Torres Mercado habló en representación del PVEM y consideró necesario atender el rezago en el país en el uso de instrumentos como tarjetas de crédito, y en general de servicios bancarios, así como para la regulación de condiciones y cuotas.
En México es "limitada" la cultura financiera, ya que apenas 9.0 por ciento de la población paga con tarjetas de crédito, cuando el promedio internacional es de 54 por ciento, y más de 40 por ciento de las cabeceras municipales carecen de sucursales bancarias.
Confió que a partir de la reforma financiera y las reglas emitidas por Banxico y la CNBV se fortalezca la regulación de los servicios financieros de disposición y sus costos.
La coordinadora de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, expuso que la reforma financiera pretende promover mayor circulación de recursos financieros, con menores costos para los usuarios del crédito, en un marco de fortalecimiento de los órganos reguladores.
Llamó a atender con oportunidad el desarrollo de una cultura financiera entre la población, porque las reglas de operación que hoy se discuten en San Lázaro son complicadas y es necesario hacerla accesible al público.
El vicecoordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza, destacó la importancia de legislar en torno a las instituciones financieras, la fijación de cuotas, comisiones y pagos, "para que se realicen siempre de forma competitiva y que protejan a los usuarios de servicios así como a las mismas instituciones".
Pidió considerar medidas que realmente protejan a los usuarios y a los prestadores de servicios de forma equitativa, sin favoritismos, para que se fomente el crédito, la inversión, la seguridad y con ello el crecimiento económico nacional.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, comentó que si bien las reglas emitidas por Banxico y la CNBV son un avance, resultan insuficientes porque no combaten los problemas de origen de la falta de acceso a servicios en el país.
La reforma financiera, abundó, no ha aumentado el otorgamiento de crédito en el país, mientras las reglas no solucionan el fondo de los problemas que originan enormes condiciones de desigualdad en el sector financiero entre usuarios y bancos.