CIUDAD DE MÉXICO.- En la sierra norte y nororiental de Puebla existen 90 concesiones mineras y ocho proyectos hidroeléctricos que abarcan más de 141 hectáreas, que representan casi el 30 por ciento de este territorio, lo que ocasionará que el 75 por ciento de la población abandone la agricultura y, con la actividad minera, se generen enfermedades en la población advirtió Cristóbal Sierra, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
El dirigente del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular, señaló que la minería es profundamente destructiva, que contamina los manantiales y además de que los proyectos hidroeléctricos que pretenden darle energía a las minas privatizan también el agua y devastan grandes zonas donde ya no se puede ni pescar.
Precisó en entrevista, que ese 75 por ciento de la población que se dedica a la siembra de frijol, calabaza, café, maíz y otros cultivos, con la presencia de la minería, dejarán de producir estos alimentos.
Aseguró que la aprobación de las leyes secundarias sobre hidrocarburos y electricidad, afectan a la población indígena y campesina con la "ocupación temporal" de la tierra al llevar a cabo la explotación de hidrocarburos sobre la agricultura.
"Demandamos su cancelación para que de manera constitucional pueda, primero consultarse a las comunidades indígenas donde se está tratando de imponer estos proyectos", dijo.
Advirtió que las más de 90 concesiones de mineras en la sierra norte y nororiental son ilegales y han violado el derecho a la consulta que no solamente enmarca el convenio 169 de la OIT sino que también viene expresado en el artículo 2 de la Constitución.
Ayer, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía y funcionarios de la secretaría de Gobernación, sostuvieron una reunión con líderes de organizaciones campesinas para "explicarles" los alcances de las leyes secundarias de la reforma energética.
La dependencia aseguró que la reforma crea reglas claras que protegerán a los propietarios en las negociaciones con los empresarios y que obtendrían hasta dos por ciento de los ingresos de los contratistas en cada proyecto.