CUERNAVACA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno de Morelos restituir completas sus participaciones a los municipios, luego de que varios ayuntamientos interpusieron una controversia constitucional por la retención de los recursos económicos asignados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su aplicación en obra pública.
El argumento del ministro de la Comisión de Receso del máximo tribunal mexicano, José Fernando González Salas, sustentó lo anterior con base a que por el interés social no pueden dejarse en riesgo los servicios que prestan los municipios.
El revés proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobernador Graco Ramírez también podría darse a otros ayuntamientos, entre los que destacan Tlaquiltenango, Amacuzac, Puente de Ixtla y Huitzilac, así como Ayala.
Lo anterior, está sustentado en la controversia constitucional número 74/2014 solicitada por la administración municipal de Cuernavaca, encabezada por Jorge Morales Barud, a quien por el adelanto de participaciones del año anterior la Secretaría de Hacienda del gobierno de Morelos le descontaba el 50 por ciento de sus participaciones.
Aunado a lo anterior, por el pago de la deuda heredada que sobrepasó los mil 600 millones de pesos la banca privada le retiene el 50 por ciento restante de sus participaciones, para sobrevivir –prácticamente- con los ingresos propios a través de la tesorería.
Y aun cuando el edil ha solicitado en cuatro ocasiones el poder tener un refinanciamiento de la deuda para lograr la solvencia financiera, el Congreso de Morelos la ha negado bajo el pretexto de que endeudaría más al ayuntamiento.
Por lo anterior, el alcalde de Cuernavaca entregó un plan de emergencia financiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sacar de su crisis a los municipios, sin que esto signifique un rescate sino crear un fondo económico entre los tres niveles del gobierno y poder sacar adelante todos los adeudos.
Además, el refinanciamiento pedido al Congreso del estado por parte del Cabildo de Cuernavaca, citó en su controversia el alcalde Jorge Morales Barud, no significa más que otorgarnos el permiso de que la banca de desarrollo pague la deuda a las instituciones de crédito privada y nosotros hagamos lo propio al gobierno federal, pero con un interés que permitiría disminuir en un 70 por ciento el valor de la misma.
De ahí que la SCJN abrió la puerta a los municipios de Morelos para evitar que sigan los descuentos de la Secretaría de Hacienda en sus participaciones, para ordenar al gobierno de la Nueva Visión restituir por completo los recursos económicos a los ayuntamientos.
De igual manera, el municipio de Jiutepec recibió el amparo judicial para que también pueda tener liquidez, otorgar con eficiencia los servicios públicos y acceder a un mejor bienestar de sus ciudadanos.