Como parte de las propuestas para la reforma laboral en materia de justicia, abogados que participan en los foros ciudadanos organizados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) propusieron quitar el carácter indefinido a las huelgas, erradicar la "subcontratación dolosa" y fortalecer las atribuciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En su ponencia, el rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, consideró urgente dotar a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de herramientas más efectivas para evitar que una huelga se prolongue de forma indefinida pero sin trastocar el derecho de huelga de los trabajadores.
"Es necesario buscar alternativas que permitan que después de transcurrido un periodo razonable sin que el conflicto tenga una solución, cualquiera de las partes o incluso un tercero interesado, pueda solicitar la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje para la solución del conflicto", argumentó el académico.
Se trata –agregó- de evitar que los conflictos se "eternicen" en el tiempo y buscar soluciones para lograr una resolución justa para las controversias, a fin de crear un entorno favorable para lograr en el corto plazo soluciones que impidan las "graves" pérdidas económicas que un movimiento de huelga trae consigo.
No obstante, en la actual Administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registra "el periodo más largo en la historia del país" sin una sola huelga de jurisdicción federal, es decir, 28 meses consecutivos sin que estalle una huelga en alguna empresa.
En su turno, Manuel Cervantes, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, propuso erradicar la "subcontratación dolosa" por el simple hecho de que rompe –dijo– con el principio del trabajo digno.
Definió a la subcontratación dolosa como aquella figura que vende al patrón la idea de que puede contratar trabajadores sin problemas para él, y tener así un ahorro importante en la contribución para la seguridad social.
El abogado afirmó que ese tipo de empresas representan un lastre para la sociedad, ya que afectan a todos los estratos: al trabajador, a los patrones, a los abogados y a las finanzas públicas, e incide directamente en la materia procesal. Pero, sobre todo, afecta al Estado porque los ingresos que percibe por las contribuciones, disminuyen en gran medida, puntualizó.
Aclaró que no toda la subcontratación es mala, toda vez que la especializada, la que cumple con la ley, es una figura muy necesaria e importante, pero sugirió sancionar a los patrones que contratan a empresas de subcontratación dolosa.
Por su lado, Alejandro Real Calvillo, socio del despacho Roel y Asociados y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se pronunció por que las Juntas de Conciliación y Arbitraje ejerzan plenamente sus facultades, con el objetivo de "tener unos juicios más cortos, sin tantas mentiras y omisiones, y de esa manera se obligaría a las partes a actuar correctamente".