CIUDAD DE MÉXICO.- En México, el desarrollo económico siempre será frágil mientras que no haya una evolución equivalente de las instituciones que debe ser el amarre o ancla de las reformas, advirtió Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
También dijo que el progreso se verá frenado o amenazado mientras persistan altos niveles de inseguridad y violencia e injusticia, así como la
corrupción y la impunidad prevalentes en múltiples ámbitos.
Además de toda esa situación complicada que presenta el país, se suman los rezagos y distorsiones considerables en el pilar fundamental de la solidez institucional y el Estado de Derecho democrático que debe ser el ancla de las reformas, consideró el líder empresarial.
En su mensaje semanal, Gutiérrez Candiani expuso que una parte fundamental de este desafío tiene que procesarse en el Congreso de la Unión y precisamente en este periodo ordinario, con compromisos expresos de cumplimiento y plazos perentorios de por medio.
En ese sentido, indicó que es preciso trabajar sobre una agenda prioritaria que incluya la conformación del nuevo Instituto Nacional Electoral, en sustitución del IFE, para que pueda hacerse cargo de los procesos federales y estatales del 2015, que inician en septiembre de este año.
Ello implica revisar cuatro legislaciones generales y modificar o crear
cerca de 400 artículos, y dejar tiempo suficiente para la implementación.
Expuso que los temas incluidos en la reglamentación de la reforma política y electoral son de enorme trascendencia, y la ciudadanía no debe desentenderse de este proceso, como la reelección legislativa a nivel federal y estatal en 2018, así como la de alcaldes, así como la creación de la Fiscalía General, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, Gutiérrez Candiani mencionó todo el paquete de regulación electoral, que incluye apuntalar los mecanismos para afianzar una autonomía real de los institutos electorales estatales frente a los gobiernos y congresos locales así como la reducción de tiempos entre la elección y la toma de protesta presidencial.