CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte de Nueva York requirió el otorgamiento de una garantía por la cantidad de 592 millones 926 mil 82 dólares a Petróleos Mexicanos para un eventual pago al consorcio Conproca formado por SK Engineering y Siemens que participaron en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta.
Dicha solicitud, conforme a las leyes aplicables será recurrido por Pemex, toda vez que la solicitud es infundada, pues existe un recurso de revisión interpuesto por la petrolera mexicana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con un comunicado, la empresa productiva del Estado hará notar a esta corte la desproporción del monto señalado en relación con el sentido del laudo arbitral.
"El 12 de septiembre pasado, el consorcio Conproca, S.A. de C.V. presentó, ante la Corte de Nueva York una solicitud para requerir a Petróleos Mexicanos y a Pemex-Refinación la exhibición de una garantía equivalente al monto del laudo derivado del procedimiento arbitral 11760/KGA/CCO/JRF/CA más intereses, y que se condicionara a ello la continuidad de la suspensión del procedimiento en su momento ordenada por el juez, o bien, que se levantara dicha suspensión para confirmar el laudo arbitral", señala Pemex.
El otorgamiento de la garantía no es necesario para asegurar el cumplimiento del laudo. Su improcedencia radica tanto en la inmunidad soberana para la ejecución de un embargo, conforme a la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, como en el hecho de que el recurso de revisión debe resolverse en definitiva por la Suprema Corte, lo cual ya ha sido expresado a la Corte de Nueva York, alega la petrolera.
"Pemex continuará actuando en defensa de sus intereses y de su patrimonio, con estricto apego a derecho y ejercitando las acciones y los recursos que las leyes le otorgan tanto en México como en el extranjero", dice el comunicado.
El 16 de julio del año pasado una corte estadounidense de apelaciones rechazó una demanda de 500 millones de dólares presentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) acusando a Siemens y SK Engineering de sobornar a funcionarios de la compañía para ganar proyectos de refinación por falta de jurisdicción.
En esa ocasión se acusó a las empresas en 4 líneas, todas bajo la Ley Contra la Delincuencia Organizada de Estados Unidos, en ese país, Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), como publicó EL FINANCIERO.
El caso lleva abierto desde el año 2001 cuando el consorcio presentó una demanda en la corte de Nueva York en contra de Petróleos Mexicanos por 550 millones de dólares por gastos adicionales a los pactados en el contrato original de la remodelación de la refinería de Cadereyta firmado en 1997.