CANCÚN, Quintana Roo.- Las cámaras empresariales, el gobierno e instituciones educativas mexicanas deben coordinarse para diseñar una Política Nacional de Innovación al existir un rezago importante con respecto a otros países.
En México lo que se destina es cercano al millón de dólares y las empresas siguen esperando que sea el gobierno quien dedique mayor apoyo a ese rubro, cuando debe ser una tarea de todos consideró José Antonio Quesada, presidente de la Ponencia IMEF 2015 "Hacia una nueva economía: un enfoque disruptivo en los negocios".
En términos económicos, el crecimiento no puede concebirse sin un adecuado desarrollo de los incentivos para la inversión, el fomento del crédito, el aumento del capital físico y humano y las instituciones jurídicas que den seguridad y certidumbre a los agentes económicos.
"Las empresas mexicanas se siguen quedando atrás y en el nivel más básico, sólo se van por la mano de obra barata y no buscan ser competitivas en innovación", por lo que dijo coincide con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien en su pasada visita al país, pidió a las empresas mexicanas invertir en innovar.
Los sectores más innovadores son el de la tecnología, automotriz y farmacéutica, en el segundo caso las principales armadoras están instaladas en el país, por lo que empresas que apoyen la innovación vía universidades públicas deberían recibir incentivos fiscales, estimó.
"Gastamos en el país en muchos rubros y hubo ajustes al presupuesto pero no son proactivos a la inversión en innovación. El fisco sólo está viendo como recaudar no como apoyar la innovación que nos llevará a ser más competitivos. El sector privado está esperando que el gobierno lo haga y no debe ser así, debe ser un pacto social".
Contar con un marco normativo que fomente la innovación, reduzca los costos de transacción y brinde certeza jurídica a los particulares es una condición indispensable para que los agentes económicos puedan ser competitivos y lograr el desarrollo económico.
En este ámbito, el papel de los gobiernos radica en establecer el marco normativo óptimo en el que se respeten los derechos de propiedad, se brinde certidumbre jurídica a los particulares y se regule el mercado cuando existen fallas del mismo.
Por lo que es necesario fortalecer el Estado de Derecho, porque un orden jurídico mal diseñado impone costos innecesarios a las actividades económicas, aumenta los costos de transacción y permite la discrecionalidad de los funcionarios, lo que reduce la producción e incrementa la desigualdad de oportunidades, aumenta la incertidumbre y, por ende, el riesgo de las actividades económicas, ya que limita la competitividad y genera espacios para la corrupción, lo que a sus vez se reduce en un menor potencial de crecimiento.
FOCOS
México ocupa el segundo lugar de 59 entre los países más impunes, sólo detrás de Filipinas, según el Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
La cultura de la legalidad debe inculcarse desde las etapas primarias de los programas educativos.
Las reformas estructurales a que se ha hecho alusión, sin un pleno Estado de Derecho, sólo se reducirán a un catálogo de buenas intenciones.