México mejoró en un ranking internacional que califica las condiciones para que se practique el lavado de dinero, realizado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que lo ubicó para este año en la posición 84 de una lista de 165 países, en la que el número uno es el más propicio para este tipo de ilícitos.
Así, México logró descender cinco posiciones en la tabla, del lugar 79 que reportó el año pasado dentro del Índice Antilavado de Basilea (AML) que se publica cada año, y en el cual Irán es el más propicio, mientras que Finlandia ocupa el último lugar para dicha actividad.
A pesar del avance, México aún está lejos de su mejor posición alcanzada en 2014 cuando se posicionó en el lugar 105.
De acuerdo con el índice que se publica desde 2012, los riesgos de que en México se realicen estas prácticas ilícitas son más altos que en El Salvador, Perú, Uruguay o Chile, que es el país de la región con menor riesgo al ocupar el sitio 109 con un marcador de 4.94 puntos, pero menores que en Brasil que se ubicó en el lugar 66 con 6.20 puntos.
México obtuvo una calificación de 5.75 puntos en la edición 2017.
El ranking analiza el marco jurídico, político y financiero y toma en cuenta cómo el país abraza estándares internacionales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico, si existe transparencia financiera en las cuentas públicas, así como el ambiente para hacer negocios.
De acuerdo con las capacidades del gobierno, los niveles de corrupción y Estado de derecho, el índice arroja un marcador, y de acuerdo con éste se refleja en la tabla de posiciones.
El AML, publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute), se deriva del análisis de 14 indicadores de fuentes públicas como la Financial Action Task Force (FATF), Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial que en conjunto representan el 65 por ciento del marcador.
El resto se compone en diez por ciento por los niveles de corrupción, 15 por ciento los estándares financieros y de transparencia, y cinco por ciento el riesgo político y otro igual a la transparencia.
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