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Megaproyectos sexenales deben mostrar que son 'aptos' para asociaciones público-privadas: Hacienda

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Megaproyectos sexenales deben mostrar que son 'aptos' para asociaciones público-privadas: Hacienda

bulletMauricio Quiroga, director general de APP de Hacienda, dijo que la dependencia está siendo rigurosa para que todos los proyectos de infraestructura cuenten con los respectivos estudios de evaluación.

Zenyazen Flores
20/11/2019
Actualización 20/11/2019 - 20:41
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Todos los proyectos de infraestructura, entre ellos los megaproyectos emblemáticos sexenales, deben tener una evaluación socioeconómica que pruebe que son "una buena idea" y que pueden calificar para financiarse bajo un esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), sostuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mauricio Quiroga, director general de APP de la SHCP, aseguró que la dependencia está siendo "rigurosa" para que todos los proyectos de infraestructura cuenten con los respectivos estudios de evaluación, a fin de identificar el tipo de esquema de financiamiento que se va a usar para construir determinadas obras.

Indicó que todos los proyectos deben tener una evaluación socioeconómica, ya que es el paso previo para evaluar si ese proyecto se financia mediante recursos presupuestales, concesión o una APP.

"Cuando usemos un esquema APP para cualquier obra es porque vamos a utilizar las bondades de las APP para la asignación correcta de los riesgos y porque tenemos los estudios que prueban que es más barato hacerlo por APP que con la obra pública tradicional", subrayó durante la presentación del estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas "Transparencia y Rendición de cuentas de las APP: Recomendaciones de Política Pública”.

Actualmente, Hacienda tiene registrados 25 proyectos APP por un monto de 21 mil 931 millones de pesos registrados en la cartera de inversión.

En entrevista posterior, se le preguntó a Quiroga sobre si los megaproyectos sexenales entrarían en esquemas APP, a lo que contestó que en el caso de Santa Lucía el financiamiento será el "tradicional", es decir, con recursos públicos, mientras que en el caso del Tren Maya y otros proyectos, los estudios están en marcha.

"El Tren Maya podría entrar en algunos tramos por APP, pero debemos tener primero los estudios, si no tenemos estudios para que sea APP es difícil decir que irá por APP. Confiamos en que varios de estos estudios van a salir positivos pero tenemos que ser rigurosos en ese aspecto y hacer todos los estudios", afirmó.

Por separado, Mauricio Vázquez Vela Johnson, director de información de proyectos de Banobras, afirmó que "no hay recursos públicos suficientes para infraestructura", por lo que la participación del sector privado es indispensable.

En ese sentido, resaltó que la figura de APP está tomando auge en muchos países y en México es importante voltear a ver el esquema porque hay diversos proyectos de infraestructura disponibles que requieren de financiamiento.

Nadia Enríquez, directora de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, mencionó que debido a que el gobierno no puede revisar o vigilar en su totalidad las APP porque una parte del financiamiento es privado, la dependencia trabaja en un mecanismo de vigilancia ciudadana que permita dar seguimiento a los recursos y que estos esquemas rindan cuentas.

Carlos Matute, director de Posgrado de la Universidad Anáhuac, consideró que en este tipo de asociaciones se pueden incluir obra pública “de gran magnitud” como la que requiere México, sin embargo, opinó que es necesario transparentar esos contratos, a fin de evitar el endeudamiento y comprometer recursos presupuestales en el largo plazo.

Los investigadores de Ethos, Yahir Acosta y Ana Laura Barrón, aseguraron que las APP pueden convertirse en instrumentos adecuados para la realización de infraestructura y servicios públicos de calidad a la población.

Ethos sugirió modificar la Ley de APP, su reglamento, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de crear la obligación de que la SHCP cuente con tres herramientas: una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes, un informe anual sobre pasivos contingentes y un registro único contable de dichas asociaciones.

“Lo anterior está en línea con las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Fondo Monetario Internacional, a fin de transparentar los riesgos a las finanzas públicas derivados de la contratación de las APP”, expusieron.