CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Ley General de Aguas -cuya votación estaba programada para hoy, pero que fue diferida en la Cámara de Diputados-, abre la puerta a un aumento en las tarifas con la finalidad de tener un sistema autosustentable que requiera de menos subsidios, y premie las eficiencias en su uso.
El título décimo del proyecto de legislación, que habla sobre el financiamiento de los recursos hídricos, establece que se debe obtener dinero de distintas fuentes y canalizarlos para el desarrollo y sostenimiento del sector.
"El financiamiento del sector de los recursos hídricos buscará incentivar buenas prácticas de uso y tratamiento del agua, una distribución eficiente del recurso, así como generar los recursos para la sostenibilidad financiera, a través de una política tarifaria óptima", expone el artículo 235 de la legislación.
El artículo 236 establece varios factores a tomar en cuenta para la aplicación de estos cobros, que estarán a cargo de cada estado y municipio, como la capacidad de pago del usuario del servicio de agua o su productividad económica.
"La Ley lo plantea pero no es algo coercitivo", consideró el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), Roberto Olivares.
Olivares añadió que el proyecto de ley pretende abrir la puerta a aumentos en las tarifas del agua, para que el sistema se vuelva autosustentable, y no como ahora donde llevar agua a un tinaco cuesta 30 pesos, mientras que a la gente se le cobra entre 7 y 8 pesos.
El sector agrícola acapara cerca del 75 por ciento del uso de agua en el país, seguido por el de abastecimiento público –que agrupa a los hogares y entidades públicas como escuelas u hospitales de Gobierno- con casi 14 por ciento.
A los agricultores se les exenta por el pago del agua siempre y cuando no rebasen ciertos límites, mientras que en el sector doméstico se cuentan con ciertos subsidios; por lo que la ley abre la puerta a redefinir estas tarifas para hacer autosustentable el sistema, refirió Olivera.
El representante de las empresas concesionarias del agua en el país consideró que la legislación permitirá atraer las inversiones que requiere el sector, gracias a nuevos esquemas que dan mayor certidumbre al capital, como la exención de pagos por descargas a cambio de la instalación de plantas de tratamiento de aguas; o los trasvases, que permitirán traer el líquido de otras regiones a través de la construcción de infraestructura para llevarla a otros sitios.
UN BILLÓN PARA ABATIR REZAGO
México requiere al menos un billón de pesos en inversiones para abatir el rezago en materia de agua que vive el país, ante la cada vez mayor sobreexplotación de los recursos hídricos del país, y la falta de infraestructura para proveerla.
"Y además falta otro billón para avanzar en este tema para el futuro", consideró Olivares.
Advirtió que la mayor amenaza que vive la situación del agua en el país es la politización de este tema, la cual puede llevar a retrasar la modificación a una legislación cuya último cambio, hace 10 años, no generó mejores condiciones en el sector.
"Hace 36 años le entregamos la responsabilidad a los municipios sin entregarles los recursos para administrar el agua", apuntó el líder del grupo de operadores de agua.
