La iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica está basada en la noción de una presidencia imperial o en el antiguo presidencialismo, consideró Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"No voten por una ley que funcione sólo durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto", señaló ante legisladores durante el foro de análisis organizado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
"Imaginen las facultades que otorga la ley más allá del 2018, en el contexto hipotético de un gobierno que mire al intervencionismo de la autoridad como el camino más corto para enmendar las fallas del mercado".
El primer y único foro para debatir la iniciativa presidencial tuvo una mínima audiencia y apenas hubo tres preguntas de legisladores en un auditorio prácticamente vacío.
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, señaló que la propuesta presidencial es un avance en la regulación para garantizar la transparencia, y detonar el crecimiento y el empleo.
Aseguró que permitirá una baja de precios de hasta un 30 por ciento en productos y servicios, emparejará el terreno para los competidores y mejorará los métodos para elegir a los órganos reguladores.
Sin embargo, Luis Foncerrada, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) acusó que en la propuesta de ley no hay definición de reglas.
"No hay equilibrios, no hay certidumbre, no hay precisión ni definición en las reglas, muchos cambios no se justifican, por lo que se pondrá en riesgo la inversión, cuando la regulación debe facilitar la utilidad, ya que nadie invierte para perder", indicó.
Antes de iniciar el dictamen, la catedrática del ITAM Josefina Cortés Campos advirtió que el proyecto de ley pareciera que sólo alentará ajustar cuentas pendientes entre los agentes económicos.
Luis de la Calle, empresario, consultor privado y ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía de México, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, expuso a los legisladores que hay un evidente escepticismo de que la ley funcione, incluso de los que participaron en la elaboración de la misma.