RÍO DE JANEIRO.- La fiscalía general de Brasil creó un grupo de trabajo especial encargado de analizar, junto a la policía federal, el desvío de dinero de la petrolera estatal Petrobras por parte de autoridades y políticos; en una nueva serie de imputaciones podrían figurar senadores, diputado e integrantes del partido de la presidenta Dilma Rousseff.
Esto ocurre a pocas semanas de que altos cargos institucionales puedan ser imputados, en el que es ya considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
En una nueva ramificación de la Operación "Lava Jato" ("Operación Limpieza") contra las propinas y el desvío de dinero a partidos políticos desde Petrobras, el grupo creado por la fiscalía ya estudia pruebas para acometer una nueva ronda de imputaciones.
Entre ellas podrían figurar, según la prensa local, el actual presidente del Senado Renan Clheiros y el diputado federal Eduardo Cunha, pero la lista podría ser mucho más amplia y afectar a miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff.
La creación de este grupo de trabajo especial estuvo a cargo del fiscal general, Rodrigo Janot, quien prometió depurar todas las responsabilidades por la corrupción en Petrobras, que ya provocó la detención de dos ex directores de la mayor empresa de Brasil y decenas de empresarios.
En total las autoridades investigan nada menos que transacciones sospechosas por valor de nueve mil 100 millones de dólares en el plazo de 2011 a 2014, entre ellas el desvío a formaciones políticas del tres por ciento del importe de los contratos de suministro firmados por Petrobras.
Entre las formaciones supuestamente implicadas estarían el PT Rousseff, y parte de los pagos habrían servido -según la prensa local- para financiar las campañas electorales de 2010 y de 2014, cuando Rousseff fue electa y reelecta presidenta, respectivamente.