Tras más de 77 años en que Pemex conservó el monopolio para explotar el petróleo y el gas natural, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reformó, con el apoyo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, el marco jurídico del sector energético para que las empresas privadas pudieran participar en la exploración y extracción de hidrocarburos.
Con los cambios legales del 2013 y 2014, que sorprendieron a propios y extraños por su amplio alcance, se levantaron grandes expectativas y temores alrededor del futuro de la industria.
El contexto en el que se ha implementado la reforma energética, particularmente en materia petrolera, ha sido complejo.
La primera ronda de licitaciones a partir de la cual el Estado pretende asignar bloques de exploración y extracción a particulares, conocida como Ronda Uno, ha tenido que enfrentar una drástica reducción en el valor del petróleo.
Con precios que oscilan entre los 50 y 60 dólares por barril, las compañías petroleras se han vuelto más selectivas en el manejo de su cartera de proyectos y optan por dirigir sus inversiones hacia aquellas latitudes donde pueden obtener mayores utilidades.
Para conservar el interés de las empresas en la Ronda Uno, las autoridades del sector energético mexicano han tenido que realizar ajustes en las licitaciones. Bajo el riesgo de reducir los beneficios para el Estado, en marzo pasado la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda realizaron ajustes a las características de los contratos petroleros con el fin de ofrecer mayores certezas a las compañías interesadas.
La decisión de ajustar sobre la marcha parecería haber sido oportuna. En la primera fase de la Ronda Uno, donde están en juego 14 bloques de exploración en aguas someras, existen más de 20 licitantes precalificados con posibilidades de convertirse en los responsables de acceder a los mares frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz para desarrollar las actividades que, hasta hace algunos meses, sólo estaban permitidas a Pemex.
En el preámbulo del anuncio sobre los ganadores de la primera fase de la Ronda Uno, las expectativas y los temores con respecto a los resultados crecen. Esta incertidumbre es resultado de los reclamos de los opositores a la reforma energética y de la sociedad en general, quienes esperan resultados concretos de la ambiciosa agenda de transformación del gobierno federal.
A ella se suma la situación, verdaderamente compleja, por la que atraviesa la industria nacional de los hidrocarburos. Basta un solo indicador para expresar la dimensión del problema: en junio pasado la producción de petróleo ascendió a dos millones 256 mil barriles diarios, una reducción de 7.3 por ciento con respecto al mismo mes de 2014 y de 33 por ciento con respecto a junio de 2003, año en que Pemex alcanzó su máximo histórico.
Pensar que el destino de la reforma se juega en la primera fase de la Ronda Uno podría ser una exageración. En todo caso, concluir con éxito esta primera etapa representaría aquella señal tan esperada que muestre a la sociedad mexicana, y al mundo, que el gobierno sí tiene la capacidad de implementar de manera exitosa su agenda de reformas.