Economía

Perfilan posponer definición sobre el outsourcing

El sector privado y el Gobierno federal pusieron sobre la mesa de negociación un pacto para aplazar hasta febrero la dictaminación de la iniciativa de reforma.

El sector privado y el Gobierno federal pusieron sobre la mesa de negociación un pacto para aplazar hasta febrero la dictaminación de la iniciativa de reforma que pretende regular al outsourcing como esquema de subcontratación laboral.

La decisión se tomará este lunes en una reunión en Palacio Nacional a la que se espera se sume el sector obrero, dijo una fuente que participa con el equipo técnico de las negociaciones que iniciaron el 23 de noviembre. La extensión del plazo serviría para que los empresarios del país desplieguen una campaña de sensibilización entre el gremio, para acortar las prácticas abusivas de subcontratación por terceros que no cumplen con las prestaciones sociales de Ley que debe tener un trabajador y así aminorarlo en los próximos meses.

El tiempo juega en contra del acuerdo que pretenden alcanzar el sector privado, que encabeza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ante la proximidad del cierre de sesiones de la Cámara de Diputados a mediados de diciembre. Aunque hay avance en las discusiones y se tenía como nueva fecha para llegar al acuerdo final el miércoles de esta semana, lo precipitado podría limitar el alcance de la reforma que se intenta alcanzar, por lo que se puso en la mesa "la posibilidad de aplazarlo y esto se verá el lunes", dijo la fuente, quien está relacionada directamente con las negociaciones.


Trabajadores, al diálogo

La complejidad de temas y artículos que se modificarían en los ajustes de la iniciativa de la reforma de subcontratación han extendido el diálogo más de dos semanas, y en la próxima, se sumará el sector obrero con la participación de los representantes sindicales que dialogarán con el equipo del Gobierno federal.

"Con los dirigentes sindicales que nos vamos a sentar a platicar son los dirigentes reales, los más representativos, y consideramos que en el sector obrero hay un estado de sensibilización sobre lo que estamos viviendo las empresas. Tenemos que generar puentes y me parece que el sector obrero va a ser una pieza clave, ojalá estén en la disposición de ayudarnos a generar puentes", dijo Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Con la inclusión de los líderes sindicales se pretende crear puentes en temas en los que se ha trabado la negociación, como son los plazos para que entre en vigor la reforma, o las cuotas del Seguro Social.

"Un puente es el plazo para hacerlo", señaló el experto. Para llevar a cabo bien esta reforma lo ideal es que entrara en vigor en enero de 2022 para dar margen a una transición sobre todo en el caso de las empresas trasnacionales y aquellas que cotizan en el mercado de valores, explicó Yllanes.


"Para el gobierno esto es mucho tiempo, ellos lo quieren ya, porque en medio de toda esta discusión está el fantasma de las empresas que practican esquemas ilegales y consideran que dar más tiempo es darles más oxígeno", apuntó.

Otro puente que el sector empresarial espera alcanzar con el apoyo de los trabajadores, es que no les vayan a subir la cuota del Seguro Social.

"Que no cambien la prima de riesgo laboral si lo que estamos cambiando es quién paga el salario, pero el centro laboral es el mismo", detalló en entrevista con El Financiero.

En cuanto a si se mantiene o no el insourcing, así como el outsourcing, está el desafío de diferenciar la subcontratación de la prestación de un servicio, lo que debe tener un trato diferenciado, advirtió.

"Esta parte es muy importante que quede claro en la ley, que nada más se va a regular la subcontratación que tiene que ver cuando el patrón tiene a disposición de su cliente personal para que realice alguna actividad o produzca un bien. En esta parte vamos bien", señaló.

Por último, sobre la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), explicó que aunque lo ideal en la propuesta sería reformular su cálculo, para ello se requiere una reforma constitucional por lo que ha quedado de momento para su posterior análisis.