CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial exigió a los legisladores, que en este primer periodo extraordinario, aprueben normas que consoliden en definitiva los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad en materia electoral.
Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que se debe construir en mayor profundidad los blindajes necesarios para que los representantes públicos no se vinculen con la delincuencia organizada, en aras de obtener el triunfo electoral y de amasar fortunas ilícitas y propuso la aplicación de severas multas a aquellas fuerzas políticas que se dediquen a la compra de votos.
En su mensaje semanal, precisó que las acciones del gobierno federal en Michoacán han exhibido la presunta vinculación entre alcaldes de diversos partidos y un gobernador interino con el crimen organizado, "así es que debemos evitar que estos episodios se repitan, de ahí la importancia de contar con leyes e instituciones que transparenten plenamente el origen del dinero de las campañas y su utilización en las mismas".
El líder del sindicato patronal dijo que se tiene que cuidar en este país la democracia del poder corruptor de la delincuencia y agregó que la política electoral no puede ser sinónimo de gastar dinero de origen turbio para "comprar" la voluntad ciudadana, porque esto propicia la descomposición de la vida pública y abre camino para que la delincuencia organizada conquiste posiciones de poder.
De ahí la importancia de contar con leyes severas que disuadan a los políticos de aceptar apoyos ilegales, agregó Castañón Castañón.
Propuso que en las leyes secundarias en materia político-electoral se agreguen sanciones ejemplares a los sistemas de compra de votos y al manejo de dinero por fuera en las campañas.
Anotó que los candidatos y partidos que incurran en este delito deben ser sancionados con la anulación de candidaturas y la invalidación de sus triunfos electorales, además de su propia responsabilidad personal en los actos ilícitos.
Indicó que para que los ciudadanos puedan contribuir a limpiar los procesos electorales, en la legislación electoral debe incorporarse la libre denuncia pública ciudadana, individual o colectiva, ante las autoridades competentes y con efectos plenos contra partidos y candidatos que incurran en tales conductas ilícitas.