El Consejo Coordinador Empresarial informó este miércoles que solicitó al presidente Enrique Peña Nieto revisar "la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas", conocida como ley 3de3.
En una reunión con el presidente la noche del martes, la cúpula empresarial "expresamos nuestras valoraciones y preocupaciones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado recientemente por el Congreso", según un comunicado.
El artículo al que particulamente se refirieron los empresarios es al 32 "relativo a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público".
"Los empresarios sabemos que debemos ser parte de la solución al problema de la corrupción. Afirmamos que cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley, incluso de forma penal. En este sentido, coincidimos plenamente con quienes reclaman que la corrupción sea castigada con igual severidad tanto en el sector público como en el privado", señala el organismo dirigido por Juan Pablo Castañón Castañón.
En su anuncio, los empresarios reiteraron la disposición de aplicar
"medidas de capacitación y certificación en nuestras empresas para fomentar las mejores prácticas internacionales en materia de ética e integridad empresarial". Y propusieron "que en las licitaciones y contrataciones se requiera el cumplimiento por parte de las empresas de certificaciones en este sentido. Trabajaremos también en la generación de códigos de conducta y contacto para regular la relación entre funcionarios públicos y empresas".
Tras su aprobación en el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto tiene un periodo legal de 30 días para hacer observaciones o correcciones a la ley 3de3 o al Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.
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