Aunque el sector energético no formó parte de las negociaciones en el acuerdo comercial, el TPP incluyó un capítulo específico para las empresas estatales, como Pemex y CFE, en el que se aclara que éstas no deberán discriminar a firmas de los otros países miembros, es decir, deberán competir sin privilegios.
"Las partes también acuerdan garantizar que sus empresas estatales o monopolios designados no discriminen contra empresas, bienes y servicios de otras partes", señala el documento.
En el caso de México se establece que tanto la CFE como Pemex tienen actividades estratégicas en sus mandatos constitucionales, incluso con la reforma energética.
En el caso de Pemex se advierte que aun cuenta con el mandato legal de proveer de combustible a las comunidades más alejadas.
En el caso de CFE refiere que las actividades de transmisión y distribución son estratégicas, sin embargo que bajo contratos pueden participar otras empresas.
"Las partes acuerdan asegurar de que sus empresas estatales realicen compras y ventas comerciales sobre la base de consideraciones comerciales, excepto cuando hacerlo sería inconsistente con cualquier mandato bajo el cual una empresa estatal esté operando y que sea requerido para prestar servicios públicos", señala el documento.
Además los países miembros deberán compartir una lista de sus empresas estatales con las otras partes del TPP y proporcionar, bajo solicitud, información adicional sobre el grado de propiedad estatal o de control y la asistencia no comercial que proporcionan a las empresas estatales.