CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la incertidumbre respecto al comportamiento de los ingresos participables a las entidades federativas para el 2016 y para los siguientes años, el gobierno del Distrito Federal (GDF) es, hasta el momento, la única entidad que tendrá estabilidad en sus ejercicios fiscales.
De acuerdo con la calificadora internacional Fitch Ratings, el gobierno capitalino, con una calidad crediticia de AAA, es pionero en la creación del Fondo de Estabilización del Distrito Federal, cuyo fin es estabilizar los recursos presupuestales de la administración pública del GDF, en momentos donde se sufren disminuciones en los ingresos percibidos bajo escenarios adversos, como ha sido el comportamiento de los precios del petróleo.
Alfredo Saucedo, director asociado de Fitch México, explica que este fondo representa un mecanismo de aprovisionamiento de largo plazo que permite al GDF tener más estabilidad en sus ejercicios fiscales.
"Fitch califica como buena práctica esta medida, a la cual, dará seguimiento a su constitución y operación. Tomando las cifras del PIB de 2013, se estima que el saldo objetivo del fondo podría ascender a alrededor de 15 mil millones de pesos. El alcanzar esta cantidad dependerá de la generación anual de cantidades remanentes del Distrito Federal", describe Saucedo.
El destino del fondo de estabilización es adecuado debido a que financiará proyectos de inversión pública y no gasto corriente.
El fondo se constituirá este 2015, con los recursos remanentes de ejercicios anteriores. También se deberá destinar, como mínimo, una cantidad equivalente a 30 por ciento del total de estos remanentes a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de la administración pública del GDF.
Esto con la intención de dar atención durante contingencias, emergencias epidemiológicas; así como a mejorar el balance fiscal de las entidades, de conformidad con las reglas que emita la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino.
Cuando alcance (el Fondo) el 0.50 por ciento del PIB del GDF, los excedentes serán destinados en un 40 por ciento a infraestructura; 25 por ciento en proyectos ambientales, entre otros.