Dados los menores ingresos por precios del petróleo y los niveles de deuda por encima del promedio de las economías de mercados emergentes, México requiere redoblar esfuerzos para ampliar el espacio fiscal, señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), y estima que la deuda bruta del sector público en 2016 aumentará de 54 por ciento a 54.9 por ciento respecto al PIB, manteniéndose en ese nivel en 2017.
En el reporte sobre las Perspectivas Económicas para América Latina, el FMI encuentra que en México no existe margen de maniobra en materia de política fiscal; no está claro el margen en política monetaria en cuanto a los estimados del consenso para 2017 y para los siguientes tres años, pero sí existe espacio para actuar considerando los niveles de inflación.
"En particular, es crucial revertir la tendencia pasada de cambios reiterados en la trayectoria de deuda y con respecto a la política monetaria, con un traspaso limitado de los ajustes del tipo de cambio a los precios internos y una dinámica inflacionaria moderada, el banco central podría posponer aumentos adicionales de las tasas de interés de política monetaria", explica el reporte.
Aunque a menor ritmo de lo esperado, la recuperación económica de Estados Unidos soporta en gran medida las expectativas para México.
Los pronósticos del organismo internacional señalan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en 2016 de 2.4 por ciento y de 2.6 por ciento en 2017.
Para la inflación ubica una tasa de 3.3 y 3.0 por ciento, respectivamente, con un bajo efecto del traspaso del tipo de cambio.
Respecto a indicadores fiscales, el organismo anticipa que este año el gasto primario del sector público como porcentaje del PIB se reducirá a 22.7 por ciento desde 24.8 por ciento en 2015 y continuará en esa tónica en 2017 con una proporción de 21.8 por ciento respecto al PIB.
Petróleos Mexicanos (Pemex), también aparece en el reporte del FMI al señalar que la empresa estatal estudia la posibilidad de bursatilizar activos y recurrir al financiamiento mediante emisión de acciones para algunas de sus operaciones y advierte que la buena gestión de gobierno exigiría que las operaciones se registren de forma transparente en las cuentas públicas.