Al arrancar el periodo legislativo de este 2016, la iniciativa privada ha identificado una decena de prioridades; la mitad en los ejes económicos y de crecimiento en beneficio de las personas, y la otra mitad en el Estado de Derecho y gobernabilidad democrática.
"No podemos fallar, es la prueba de fuego de este periodo de sesiones: consolidar los fundamentos de una arquitectura institucional eficaz para prevenir y castigar la corrupción y la impunidad", advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su comunicado semanal, Juan Pablo Castañón Castañón identificó en materia laboral, la legislación reglamentaria para la desvinculación de los salarios mínimos en donde el reto será encontrar la mejor solución de actualización para la nueva unidad de medida, sin afectar las variables económicas fundamentales, particularmente la inflación.
"En esta misma vertiente, queremos asentar una postura muy enfática sobre la eventual ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La rechazamos por ir en contra de los equilibrios y la paz laboral, y al contrario, ser aliciente a la simulación sindical", expuso.
En su comunicado semanal, el líder de los empresarios destacó que el gremio que representa tiene interés en que a través del diálogo y la cohesión social, "logremos incrementar de manera real los ingresos de los trabajadores; en el dialogo, actualicemos y modernicemos la relación laboral, pero respetemos el diálogo tripartito", enfatizó.
En un segundo paquete se engloban varias iniciativas relacionadas con la inversión, la infraestructura y un gasto público eficiente, encabezado por las reformas a la Ley de Obras Públicas, con énfasis en garantizar y agilizar el pago a proveedores tanto del Gobierno Federal como de los estatales y municipales, y de las empresas productivas del Estado. "Hoy, los retrasos e incumplimientos ponen en peligro a miles de empresas y a los empleos que éstas generan", advirtió.
La IP tiene identificadas oportunidades en las Asociaciones Público Privadas y en la Ley General de Zonas Económicas Especiales.
El tercer paquete de iniciativas hace referencia a mejora regulatoria con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles; y junto con la nueva figura de Sociedades por Acciones Simplificadas, proponen varias medidas para combatir la economía informal.
En materia de sustentabilidad, el cuarto término, el CCE señala que está en proceso de revisión la Ley General de Aguas, en donde es fundamental se garantice la certeza jurídica en las concesiones para el ahorro y uso eficiente del año y se debe hacer un esfuerzo para contar con un código ambiental que integre la legislación. En el punto número cinco expone la necesidad de relanzar el debate sobre las reformas requeridas en materia de seguridad social y pensiones.
En el eje del estado de derecho, el CCE considera prioritario consolidar una estructura institucional que brinde confianza y certeza jurídica. En este tema, las leyes secundarias del a reforma del Sistema Nacional Anticorrupción deben cumplir con los objetivos y alcances establecidos en la Constitución.
Estas leyes secundarias se deben complementar con los cambios necesarios en materia de conflicto de interés, fueros y transparencia; se debe de consolidar la reforma constitucional en materia de transparencia; y es oportuno volver a discutir la legislación político-electoral.
"Es preciso sacar de la congeladora las diversas propuestas que han sido presentadas en temas como mandos policiacos únicos estatales, redefinición de facultades de los órdenes de gobierno y certidumbre jurídica para las fuerzas armadas", señaló Castañón.